En el 2015, la Defensoría del Pueblo registró un total de 258 conflictos sociales con la lamentable pérdida de 19 vidas humanas en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Si bien la cifra de conflictos es menor al año anterior (244), hay tres muertos más que el 2014 y el número de heridos paso de 203 a la alarmante cifra de 872. A manera de resumen del año, en LaMula.pe hacemos un listado de los principales conflictos que impactaron al gobierno de Ollanta Humala.
1.- Las Bambas
A fines de setiembre, las comunidades campesinas y organizaciones sociales iniciaron un paro indefinido en las provincias de Cotabambas y Grau en Apurímac en protesta contra el proyecto minero Las Bambas de la empresa china MMG Limited. Los manifestantes denunciaron que la compañía había modificado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto sin la debida consulta previa que les correspondería como pueblo indígena. En octubre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) calificó como ejecuciones extrajudiciales las muertes de 3 personas durante este conflicto.
2.- Tía María
En marzo, los agricultores del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa, iniciaron un paro indefinido contra el proyecto minero Tía María de la empresa mexicana Southern Copper. Con una producción estimada de 120 mil toneladas de cobre por año y una inversión de unos 1, 200 millones de dólares para su construcción, el proyecto estaba planeado ejecutarse para finales del 2011, pero debido a la oposición ciudadana, que temen que sus campos de cultivo se vean afectados, se ha retrasado hasta el momento.
La protesta se extendió y el viernes 22 de mayo, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Islay. Ese mismo día el ciudadano Ramón Colque Vilca perdió la vida, víctima de un proyectil de arma de fuego, deceso que se sumó a la muerte de Victoriano Huayna y Henry Checlla Chura.
3.- Cuatro cuencas pidieron remediación ambiental
Las comunidades de las cuencas de Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre de Loreto pidieron a lo largo del año la remediación ambiental por la actividad de más de 40 años de Pluspetrol en el Lote 192, que dejó sus zonas seriamente contaminadas. En marzo, se firmó un histórico acuerdo entre el Estado y las comunidades nativas que busca "avanzar en materia de saneamiento, desarrollo integral intercultural, remediación ambiental y titulación de tierras". Un mes después, el Congreso aprobó la creación de un fondo de remediación ambiental de 50 millones de soles. En noviembre, dirigentes indígenas reconocieron el avance en la implementación de los acuerdos.
4.- La Oroya
A inicios de agosto, trabajadores de Doe Run protestaron para que se reactive el Complejo Metalúrgico de La Oroya y se protejan sus puestos laborales. Como consecuencia del conflicto, una persona perdió la vida y más de 60 resultaron heridas, en un enfrentamiento en el que se hizo evidente el uso de armas de fuego por parte de policías que dispararon en contra de manifestantes. El 12 de agosto representantes del Ejecutivo y dirigentes locales decidieron conformar una Mesa de Trabajo.
5.- Lote 192
En setiembre, pobladores de Loreto salieron a las calles para protestar en contra de la adjudicación del lote petrolero 192 a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy. Los loretanos pedían que dicho lote petrolero sea entregado a Petroperú. Como consecuencia de las manifestaciones, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que autorizó a la empresa estatal Petroperú suscribir el contrato de explotación del lote. El 25 de setiembre, Ollanta Humala decidió observar este proyecto de ley, pero luego el Parlamento insistió en la norma.
6.- Pichanaki y Pluspetrol
En febrero, productores cafetaleros del distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín, protestaron contra la presencia de la empresa argentina Pluspetrol que opera el Lote 108. Luego de cuatro días de paro indefinido, un muerto y más de 30 heridos por proyectiles de armas de fuego, el entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunció, ante cerca de 6 mil ciudadanos, el retiro de la empresa.
7.- Electro Sur Este
En marzo, los ciudadanos de Andahuaylas protestaron por el incremento de la tarifa de los recibos de luz y el mal servicio que brindaba la empresa Electro Sur Este. Luego de 6 días de paro indefinido, el Poder Ejecutivo envió a una Comisión y llegaron a un acuerdo consistente en la devolución del dinero que se les había cobrado en exceso a los consumidores y remover al directorio por no hacer bien su trabajo.
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