Es necesario un enfoque de derechos humanos en las empresas extractivas e implementar un marco jurídico más estricto en  la materia. Estas fueron algunas de las principales conclusiones a las que llegaron los ponentes del conversatorio "Derechos Humanos e Industrias Extractivas: reflexiones sobre los conflictos sociales recientes", organizado por Amnistía Internacional y que se llevó a cabo el viernes 19 de junio en la PUCP.

Más allá de la violencia y la represión en las protestas contra proyectos extractivos, como el reciente caso de Tía María o el lamentable Baguazo, hay más derechos que entran en conflicto cuando se otorgan concesiones mineras. La abogada Raquel Yrigoyen (Instituto Internacional de Derecho y Sociedad) nos recuerda que la conflictividad no es un fenómeno nuevo. Contrario a lo que dicen los defensores de la minería, no se trata de una conspiración de un grupo de personas u organizaciones contra las grandes inversiones: es consecuencia de la manera en la que se pretende imponer el modelo de desarrollo neoliberal en un país diverso como el nuestro.

Dice Yrigoyen:

"En los últimos 30 años, los conflictos se han agudizado. Se tratan de nuevas invasiones, de una nueva forma de colonialismo. Son proyectos que invaden continuamente los territorios indígenas. Comenzó en el siglo XVI y no ha parado hasta el momento que se ha consolidado con el rol del Consenso de Washington, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional".

El principal problema de la implementación del modelo económico neoliberal en países como el Perú es que no toma en cuenta la diversidad cultural. Por ello, se trata de una imposición. En este sentido, el derecho a la consulta resulta importante para Yrigoyen. En este sentido, afirma que es necesario crear conciencia de que los conflictos no son nuevos, que es una cuestión histórica. "Se deben respetar los derechos indígenas y salvar el planeta", dijo.

¿Y qué pasa con las concesiones mineras? Gustavo Zambrano, investigador del IDEHPUCP, explica:

"Los empresarios mineros dicen que las concesiones no afectan los derechos humanos porque no implica explotación. Solo es una cuestión de expectativas Lo que se hace es darle a la empresa unas cuadrículas del mapa peruano para que explore en la zona a ver si encuentra minerales. Sin embargo, lo que debemos hacer es medir el impacto posible. No ha que esperar a que ocurra. Se debe tomar en cuenta a las comunidades, debe incorporarse un enfoque de derecho. Lamentablemente, somos dependientes de la minería. ¿Cómo hacer para no depender de ella?"

El tema de las concesiones mineras refleja el desorden territorial que persiste en el Perú. No hay organización de las actividades económica que se van a desarrollar. Por ello, muchas veces las concesiones se superponen unas a otras. Sobre la política del Gobierno en estos temas, Zambrano afirma:

"Parece que la única visión del actual Gobierno es la de entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El modelo extractivista está estructurado, pero está gastado. Debe ser mejorado, modificado o cambiado".

¿Qué es lo que debemos hacer para que las mineras respeten los derechos humanos? Zambrano responde:

"Hay que construir una cultura de derechos humanos. Debemos reflexionar sobre el trato que nos damos entre nosotros como personas, como iguales. Los empresarios deben ver como sus iguales a sus interlocutores"

En este sentido, coincide el abogado Antonio Peña Jumpa (docente de Sociología del Derecho en la PUCP), quien señala que los empresarios deben dejar la soberbia. Dice:

"En la mayoría de los casos, se omiten los derechos de las poblaciones locales donde se desarrollan las actividades extractivas. De acuerdo a Weber, hay dos formas de acción social: racional de acuerdo a fines y racional de acuerdo a valores. Los empresarios comparten el primer tipo de acción mientras que los campesinos, agricultores o críticos de la minería, el segundo. Estos últimos no aceptan el modelo económico impuesto como paradigma. Tienen una idea diferente de desarrollo".

Las diferentes ideas de desarrollo que se tienen en el Perú responde a la diversidad cultural en el Perú. En el Baguazo, los indígenas no compartían la idea de depredar sus territorios para la actividad petrolera. En Conga, las rondas campesinas tampoco comparten que se tengan que secar las lagunas para sacar minerales con explotación a tajo abierto. Es una cuestión de respeto a la diversidad. ¿Cómo resolver esto? Peña afirma:

"Si tan solo se respetara la actual Constitución, los indígenas y campesinos estarían favorecidos. Uno de los casos emblemáticos es el caso Tres Islas, en el que se reconoció el derecho de una comunidad nativa que era afectada por mineros y madereros ilegales. También es necesario que el Estado se modernice y tenga técnicos neutrales y que las empresas actúen de forma ética".

Finalmente, Silvia Toledo, directora de Amnistía Internacional en el Perú, dio detalles del trabajo de la organización en materia de derechos humanos e industrias extractivas en el país.

"Hemos detectado que los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren hostigamiento de parte del gobierno y las empresas. La posición de AI es que todo megaproyecto extractivo debe respetar la normativa internacional y consultar con las poblaciones locales. En muchos casos, hay territorios concesionados sin consulta. La ONU recomienda que los proyectos deben implementar un enfoque de derechos humanos. En el Perú, hemos encontrado el caso de Máxima Acuña, quien ha tenido el valor de enfrentarse a la minera Yanacocha".

¿Qué es lo que pide Amnistia Internacional? Toledo responde:

"AI insta a los gobiernos a defender abusos contra los defensores de derechos humanos en casos de megaproyectos. Le pedimos que implementen una perspectiva de derechos humanos, que eliminen las lagunas o vacíos legales y que rindan cuentas las empresas de ello. Es necesario también tener marcos jurídicos más estrictos para garantizar el respeto a los derechos sociales".

¿Escucharán el Gobierno y las empresas extractivas lo que dicen las organizaciones sociales? El principal problema de los conflictos es que la mayoría de empresas y sus representantes se sienten por encima de sus interlocutores, como los campesinos de la zona o los dirigentes. Se debe dejar de lado la soberbia y considerar que el proyecto no se va a desarrollar en un desierto, sino que hay gente viviendo cerca y se puede sentir afectado por su ejecución. A un año de que culmine el gobierno de Humala, hay que estar atentos a los candidatos y sus propuestas sobre este tema.

(Foto: Amnistía Internacional Perú / Facebook)

Notas relacionadas en LaMula.pe:

Desentrañando los conflictos sociales en Perú y Bolivia.

Otra derrota judicial de una minera en el caso de los aportes por regulación del OEFA.

Filtran la Encíclica Verde, el documento más ambientalista del Vaticano.

El poder del metal: El Arzobispado de Lima y sus acciones mineras.

Del Baguazo a Tía María: ¿Hemos aprendido la lección en el manejo de conflictos?