Pasó lo mismo que hace cinco años, pero esta vez con dos leyes (30681 y 31312) que reconocen que la planta de cannabis es medicinal y terapéutica. El último viernes, en el distrito de San Miguel (Lima), la Policía Nacional del Perú (PNP) se llevó detenidas a dos pacientes usuarias de cannabis y decomisó insumos que estaban destinados a la producción artesanal de medicina natural de los más de 20 pacientes integrantes de la asociación 'El Jardín de María José'.
Aprovechándose de la condición de salud de la vicepresidenta de la asociación, la PNP ingresó a su domicilio ubicado en la cuadra 3 de Jirón Arica en San Miguel y la detuvo junto a su hija, que padece de epilepsia.
En esa vivienda, la asociación tenía su cultivo medicinal. De ese lugar, la PNP se llevó una carpa, 4 plantas y 56 clones, 130 gramos de flores y más de 300 gramos de resinas de tres variedades distintas para la producción artesanal de cannabinoides ácidos (no psicotrópicos), delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) y tetrahidrocannabivarina (THCV).
Gerardo Quispitupa (CMP 087987), médico que atiende a los asociados, explicó que estos productos son usados por más de 20 pacientes que cuentan con receta médica y padecen diversas enfermedades como dolor crónico, cáncer, artrosis, trastornos neurológicos y diabetes.
En el caso del THCV, Sergio Castañeda, cultivador y presidente de dicha asociación, resalta que se usa para complementar los tratamientos de pacientes como su hija, de catorce años, diagnosticada con Diabetes tipo 1.
Si bien Castañeda cuenta con más de seis años de experiencia en el cultivo y producción artesanal de cannabis para uso medicinal, fue el diagnóstico de su hija, hace dos años, que lo impulsó a formalizar una asociación de pacientes.
Hasta el cierre de esta nota, las pacientes seguían detenidas en la DEPINCRI San Miguel/Magdalena, en un proceso de investigación preliminar y a la espera de que un fiscal las interrogue, ya que el sábado fue feriado y ayer domingo descansaba.
Leyes con trampa
Si bien la cannabis es medicinal en Perú desde 2017, la Ley 30681 le dio la exclusividad de las licencias de cultivo a la industria farmacéutica. El resto, cultivadores, productores artesanales y asociaciones de pacientes, quedaron expuestos a denuncias penales.
Con la pandemia y la cuarentena en el 2020, la situación se agravó y motivó propuestas legislativas para que se respete el derecho de los pacientes a asociarse para cultivar cannabis para uso medicinal. Por ello, en julio del 2021, el Congreso de la República aprobó, por 100 votos a 0, la Ley de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (Ley 31312).
Lamentablemente, la Ley de Cultivo Asociativo, como la mayoría de normas en el país, tiene su trampa. En su Disposición Complementaria, la Ley 31312 modifica el cuarto párrafo del artículo 296-A del Código Penal sobre "comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva", pero solo excluye de los alcances de dicho artículo "cuando se haya otorgado licencia para la producción artesanal" de cannabis con fines medicinales y terapéuticos.
Según este artículo, de nada le valdría a una asociación de pacientes usuarios de cannabis estar inscrita en en Registros Públicos, tener RUC, asociar a pacientes inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC) a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y tener receta médica vigente.
Este artículo ha sido criticado anteriormente por el abogado penalista José Ugaz, quien aclara que el cultivo asociativo no está tipificado como delito en el Código Penal, que solo sanciona las actividades relacionadas al tráfico. En el caso del cultivo asociativo, explica el exprocurador, se trata de una práctica para el propio consumo colectivo y no se aplica el concepto de comercialización porque los productos solo son para los integrantes de una misma asociación.
Pacientes expuestos a criminalización
Como no hay Reglamento, ninguna asociación ni siquiera puede iniciar el proceso para solicitar una licencia de producción artesanal con cultivo asociativo a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
Mientras la Digemid se sigue tomando su tiempo para corregir la tercera versión de su proyecto de Reglamento, se calcula que más de 50 asociaciones de pacientes usuarios de cannabis se han inscrito en Registros Públicos y vienen trabajando colectivamente a favor de la salud y bienestar de sus pacientes y familiares.
Según información del Minsa, hasta la fecha, son más de 30,000 pacientes usuarios de cannabis inscritos en el RENPUC de todas las regiones del país. Entre las enfermedades que son tratadas complementariamente con cannabis están diversos tipos de ansiedad, artritis, artrosis, quimioterapia, diabetes, dolor crónico neuropático, dolor agudo, anorexia, epilepsia, parkinson, esclerosis múltiple, entre otras enfermedas crónicas.
Sin Reglamento, las asociaciones de pacientes quedan expuestas a intervenciones policiales, que siguen la Política Nacional Contra las Drogas de DEVIDA, que mantiene a la cannabis en la categoría de "droga ilegal".
En noviembre del 2021, cuando se formalizó la asociación 'El Jardín de María José', ya habían pasado dos meses desde que se había vencido el plazo para que el Minsa consulte y publique el Reglamento de Cultivo Asociativo.
Oportunidad de cambio
En este contexto de criminalización contra pacientes usuarios de cannabis, se acerca el vencimiento del plazo para que las asociaciones envíen sus observaciones al Minsa para mejorar el proyecto de Reglamento de Cultivo Asociativo. Las asociaciones de pacientes ya han advertido a la Digemid de las amenazas de denuncias penales y las trabas burocráticas del sistema de licencias.
Bajo el actual sistema de licencias, en tres años de regulación, la Digemid solo ha otorgado una licencia de cultivo a un laboratorio farmacéutico, que tuvo que invertir más de 7 millones de dólares.
Una propuesta más realista tenía el exministro Hernando Cevallos, quien en el 2016 presentó un proyecto de ley que proponía la creación de un Registro de Clubes Cannábicos, que consideraba que las asociaciones de cultivo solo necesitan formalizarse y que su principal problema es la falta de seguridad jurídica y la criminalización ejercida por policías, fiscales y jueces.
La Digemid también debe tomar en cuenta que el 70% de los pacientes usuarios de cannabis no le compra a los establecimientos farmacéuticos licenciados, sino que se abastece, en el mejor de los casos, de la producción artesanal de las asociaciones sin fines de lucro.
Además, solo 2% de médicos colegiados ha prescrito cannabis. Esto es grave, considerando que la Digemid exige que todos los productos con cannabis sean dispensados con receta médica simple y controlada. La consecuencia de esta poca cantidad de médicos que recetan cannabis son los precios de las consultas que pueden llegar a 350 soles en consultorios privados.
Ante ello, Eduardo Pinto, químico farmacéutico que cultiva cannabis y guía a usuarios medicinales en Estados Unidos, propone que, al menos, los productos con CBD sean de venta libre. Al respecto, cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que este cannabinoide "no tiene propiedades psicoactivas ni potencial de generar adicción y dependencia". Además, Pinto cuestiona que el Minsa exija recetas controladas para THC, a pesar de que el Artículo 2.10 del Reglamento de la Ley 30681 (2019) señaló que el Reglamento de Estupefacientes solo es aplicable para la comercialización de cannabis en el ámbito internacional.
Respecto al acceso a cannabis por establecimientos públicos, es lamentable que solo la farmacia institucional de Digemid, ubicada en San Miguel (Lima), comercialice extractos estandarizados, que solo tienen CBD, a 30 soles. Según cifras oficiales, entre los meses de enero y febrero del 2022, la Digemid vendió 827 de estos frascos con CBD.
En el caso del Seguro Social (EsSalud), en el 2021, se dio cannabis a un pequeño grupo de pacientes pediátricos con epilepsia, pero solo fue una entrega. Además, los médicos del sector público no están capacitados en medicina cannabinoide.
Hasta el 15 de agosto, las personas interesadas en mejorar el acceso de cannabis para uso medicinal, pueden enviar sus recomendaciones al siguiente correo: webmaster@minsa.gob.pe
[Foto de portada: jetacomputerphotos]
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