Como informamos anteriormente, el pasado 25 de setiembre se venció el plazo para que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 31312, que permite la formalización de las asociaciones de cultivo de cannabis para uso medicinal. En Perú, el cultivo asociativo es una actividad que se realiza al menos desde el 2015. Sin embargo, en el 2017, los grupos de cultivadores y pacientes dedicados a ello fueron excluidos de la Ley 30681, que le dio la exclusividad del cultivo, producción y comercialización a la industria farmacéutica.

Tras más de seis años en los que la criminalización no se detuvo, las asociaciones de pacientes y cultivadores no quieren volver a ser excluidas. La tarde de este 5 de octubre, los colectivos enviaron una carta al Ministerio de Salud (Minsa) recordando que Ana Álvarez, presidenta de 'Buscando Esperanza', y Ayde Farfán, de 'Mi Esperanza Brota de la Tierra', lograron, a través de reuniones con más de 30 congresistas, que se retire el límite de plantas que estaba en el primer proyecto de ley N° 06532/2020-CR, que fue iniciativa de la Federación de Cannabis Medicinal (Fecame) y 'Cannabis de Esperanza' e impulsado en por el Partido Morado.

Al respecto, 'Buscando Esperanza', 'Mi Esperanza Brota de la Tierra' y 'Legaliza Perú' sostienen que "poner límites al número de plantas sería ilegal, ya que iría en contra de la motivación de la ley que era resolver el problema del acceso limitado a cannabis. En ese sentido, recuerdan que se explicó a los legisladores que era inviable poner un límite definido, ya que "la medicina cannábica es personalizada y no todas las cosechas producen igual", posición compartida por asociaciones de médicos y médicas. Por ello, las asociaciones pidieron que se considere que el Ejecutivo promulgó la ley sin límite de plantas y sin ninguna observación. Sobre este tema, en una entrevista a la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide (Apemedcann), el excongresista Daniel Olivares (Partido Morado) coincidió con esta posición al advertir que, en caso el Ejecutivo ponga restricciones al Cultivo Asociativo, sería ilegal.

El pronunciamiento enviado hoy al Ejecutivo también fue suscrito por Luis Gavancho, activista de 'Legaliza Perú'. Como se recuerda, en febrero del 2017, Gavancho, Álvarez y el médico Juan Lock fueron denunciados por el Ministerio del Interior (Mininter) por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. La denuncia se motivó en que la Policía encontró plantaciones de cannabis en un departamento en San Miguel (Lima), donde los tres se dedicaban a cultivar cannabis para el uso medicinal para casi un centenar de pacientes con diversas enfermedades. Finalmente, en diciembre del 2017, la jueza Rosa Zulueta Asenjo ordenó archivar el caso y anular sus antecedentes policiales, ya que valoró que la actividad que realizaban no era delito, sino era un ejercicio del derecho a la salud.

Con ello, las autoridades deberían haber respetado la actividad de estas asociaciones; sin embargo, constantemente se detiene y denuncia a personas que se dedican al cultivo de cannabis. Como explican diversos abogados penalistas como Víctor Prado Saldarriaga, Pedro Vera, Leonardo Latinez y José Ugaz, si no hay tráfico, no hay delito y no importan las cantidades, ya que lo que sanciona el Código Penal es el tráfico y no la posesión. El pasado 26 de julio, en una entrevista brindada al químico farmacéutico Pedro Wong, el exprocurador Ugaz se ratificó en su posición y sostuvo que no era necesaria una ley de cultivo asociativo y precisó que el problema es la criminalización y el abuso de autoridad de la PNP. En ese sentido, propuso que los magistrados del Poder Judicial se pongan de acuerdo al interpretar la ley para no apresar a más personas por cultivar una planta medicinal.

Mientras la mayoría sigue corriendo el riesgo de ser criminalizada y detenida, las asociaciones de cultivo de cannabis llaman la atención sobre lo que ocurre en la industria del cannabis: según información de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), actualizada en julio pasado, el 60% de los establecimientos con licencia para comercializar cannabis pertenece al Grupo Intercorp (Inretail Pharma). En ese sentido, recuerdan que, en el 2020, asociaciones de pacientes con enfermedades crónicas denunciaron a este conglomerado farmacéutico por presuntamente haber "vulnerado el derecho fundamental a la salud y el principio constitucional de libre competencia [...] al hacerse de una posición de dominio dentro del mercado farmacéutico". Cuando se presentó dicha demanda, Inretail Pharma respondió que no habría monopolio de farmacias y que "el principal actor en el sector salud y medicamentos es el Estado".

Según investigación de Sativa Info, con datos correspondientes a setiembre pasado, los precios de las consultas cannábicas varían desde 35 hasta 350 soles la primera cita y las fórmulas magistrales con delta-9-THC cuestan desde 150 hasta 250 soles. Además, se debe considerar que las recetas son retenidas y tienen una vigencia de 30 días. Si bien hay algunos consultorios que dan tratamientos gratuitos o a bajo costo a personas con insuficientes recursos económicos, los precios promedio siguen siendo elevados mientras los seguros públicos y privados siguen incumpliendo la disposición de cubrir los tratamientos con cannabis.

Con un cultivo asociativo libre, el acceso a cannabis para uso medicinal se democratizaría en beneficio de la economía de miles de familias. Se prevé que las consultas médicas en asociaciones costarían un aproximado de 50 soles por la primera consulta y 25 las consultas de seguimiento o control.

Además, los productos de cannabis podrían llegar a tener un costo cuatro veces menor al que actualmente pagan pacientes en el sector privado. Por ejemplo, un extracto para la vía sublingual con delta-9-THC tiene un precio de venta al público de 0.41 soles cada miligramo en establecimientos farmacéuticos, mientras que un extracto de cannabis para vaporizar tiene un costo de producción de 0.10 soles cada miligramo en una asociación de cultivo para pacientes.

Tomando eso en consideración, las asociaciones de pacientes y cultivadores piden que el proceso de reglamentación de la Ley 31312 no incluya a los laboratorios.

"Ningún representante de los laboratorios debe participar en la elaboración del Reglamento. Respetamos el derecho de todos y todas a emprender y a generar empleo formal, pero los laboratorios ya tienen su ley y ahora es el turno de las asociaciones de pacientes y cultivadores, que llevamos esperando más de cuatro años para que el Estado respete nuestra actividad, que constituye el ejercicio del derecho a la salud y a la libre asociación", señalan las asociaciones de cultivo.


[Foto de portada: Andina]


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