Las comunidades y rondas campesinas de la zona de afectación del megaproyecto minero Conga en Cajamarca han sido víctimas de hechos de violencia por parte de las fuerzas del orden. Ante ello, la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar en la que requiere al Estado peruano que garantice la vida e integridad de los beneficiarios. Sin embargo, como señala el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), hasta el momento, el Estado no ha cumplido.
46 líderes de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe Acuña, el comunicador César Estrada y el rondero Luis Mayta son las personas beneficiarias "por estar en riesgo grave su vida e integridad debido a su oposición al megaproyecto minero Conga". La CIDH consideró que los hechos de violencia de las fuerzas del orden contra las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca reunían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Por ello, requirió al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas beneficiarias, concierte con los beneficiarios y sus representantes las medidas a adoptarse e informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar para “evitar su repetición”.
Ya han pasado seis meses, y el Estado no solo incumple con la medida cautelar sino que también niega invitación a Comisionado de la CIDH. Los beneficiarios y el Estado acordaron reunirse en Cajamarca el 16 de noviembre con la presencia del Comisionado James Cavallaro. Sin embargo, a último minuto el Estado mandó un oficio indicando que "no había formalizado la invitación al Comisionado Cavallaro", negó el compromiso del Estado y no confirmó ningún nombre de algún funcionario para participar de dicha reunión. Con ello, los representantes de las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca se han sentido burlados.
"Los beneficiarios se preguntan ¿Por qué el Estado no quiere que invitar a la CIDH en visita oficial a Cajamarca? ¿Qué quiere ocultar? El domingo 16 de noviembre, cuando la comisión mencionada viajaba a Lima, otro grupo de beneficiarios esperaba en el auditorio del Gobierno Regional de Cajamarca la llegada de los funcionarios enviados por el Estado. Ninguno de los que asistió tenía la competencia o el poder de decisión para adoptar las medidas de seguridad y protección solicitadas por los beneficiarios", señala el IIDS.
"Al parecer, el Ministerio de Justicia busca trasladar la responsabilidad del cumplimiento de la Medida Cautelar a autoridades regionales, cuando tales carecen de las atribuciones necesarias para adoptar las medidas especiales que le corresponden al Gobierno Central, como brindar seguridad privada", agrega.
Los pedidos más urgentes de los beneficiarios de la medida cautelar de la CIDH son: seguridad privada elegida por los beneficiarios y en coordinación con las rondas campesinas, atención médica especializada a las personas que han sufrido lesión grave por las fuerzas del orden, facilidades para garantizar la presencia de beneficiarios en las reuniones de trabajo con el Estado, retiro de la policía de los campamentos mineros e información sobre si los puestos de control o tranqueras en la zona del megaproyecto donde están apostados efectivos policiales son del Ministerio del Interior o de la Empresa Yanacocha.
(Foto de portada: Octubre, 2012 / Secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, recibe documentación de la abogada Zulma Villa (IIDS) y el dirigente rondero Ydelso Hernández / Créditos: Vilma Rodríguez)
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