Una semana de protestas de trabajadores de Ica y La Libertad bastó para que se genere consenso entre Ejecutivo y Legislativo de que el Régimen Laboral Agrario (Ley N° 27360) ya había cumplido su objetivo de promocionar al sector desde el 2000 y no daba para más.
En los últimos años, este régimen especial fue denunciado como discriminatorio, ya que los empleados de este sector no recibían las gratificaciones y los pagos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en las mismas fechas que los trabajadores del régimen general. Esto constituía una desnaturalización de estos beneficios laborales.
Aparte de los salarios mínimos especiales en este sector, hay otros problemas laborales de fondo que las autoridades deben ser resolver para que los trabajadores agrarios tengan un empleo digno.
Derecho a estabilidad laboral
foto: andina
Es cierto que la estacionalidad del sector agrario provoca que la mayoría de contratos sean temporales. Sin embargo, esto no puede ir en contra del derecho que tienen todos los trabajadores a alcanzar una estabilidad laboral.
Por ello, el exministro de Trabajo, Christian Sánchez, propone que los trabajadores que sean contratados por dos temporadas seguidas puedan adquirir el derecho a volver a ser contratados, como ocurre en otros países de la región como Chile, Argentina, Colombia o Uruguay.
Según un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018), el uso intensivo de contrataciones temporales en el sector agrario ha provocado el incremento de la rotación laboral, lo que implica una reducción de duración promedio de del empleo y el desincentivo a la inversión en capacitación laboral por parte de las empresas. Además, el informe señala que son las grandes empresas las que más utilizan este tipo de contratación laboral.
Fomento de la formación de sindicatos
Como consecuencia de las intensivas contrataciones temporales, se produce la baja tasa de afiliación sindical, que es menor al 4% en el sector agroindustrial. Como indica el exministro Sánchez, en este sector los sindicatos prácticamente no existen.
"La contratación temporal empuja a que no se puedan crear organizaciones sindicales. Cuando quieren formarlas, no les renuevan el contrato y los obligan a litigar en el Poder Judicial", señaló.
Prueba de ello fue la ausencia de representantes o dirigentes sindicales en las protestas en Ica y La Libertad. Llegó un momento en el que las autoridades no sabían con quién hablar para llegar a acuerdos. La falta de sindicatos, además, no ayuda a equilibrar la balanza en la desigual relación trabajador-empresa.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) agrupa a apenas 15 sindicatos del sector agroindustrial.
Los salarios mínimos se deciden de manera conjunta
A la formación de más organizaciones representativas de los trabajadores, se deben considerar espacios institucionales para que los empleados del sector agrario dialoguen con los representantes de las empresas y del Estado. Con ello, las demandas, pedidos o reclamos se canalizarían por este espacio y serviría como una forma de prevenir los conflictos sociales.
En ese sentido, debemos señalar que desde 1960, Perú viene incumpliendo el Convenio 099 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). De acuerdo a este tratado internacional, los países que ratifiquen este Convenio tienen la obligación de "establecer o conservar métodos adecuados que permitan fijar tasas mínimas de salarios para los trabajadores empleados en las empresas agrícolas y en ocupaciones afines".
"Los empleadores y los trabajadores interesados deberán participar en la aplicación de los métodos de fijación de salarios mínimos, ser consultados o tener derecho a ser oídos, en la forma y en la medida que determine la legislación nacional, pero siempre sobre la base de una absoluta igualdad".
"Las tasas mínimas de salarios que hayan sido fijadas serán obligatorias para los empleadores y los trabajadores interesados, y no podrán ser reducidas".
"La autoridad competente podrá admitir, cuando ello fuere necesario, excepciones individuales a las tasas mínimas de salario, a fin de evitar la disminución de las posibilidades de empleo de los trabajadores de capacidad física o mental reducida".
En Perú, los jornales que han sido fijados por ley violan el Convenio 099 de la OIT, ya que no han sido fijados a través del diálogo social tripartito, con la participación de trabajadores, empresarios y autoridades.
Tras la derogatoria del antiguo Régimen Laboral Agrario, ahora es turno de que el Congreso y Ejecutivo analicen, propongan y aprueben un Nuevo Régimen Laboral Agrario. En este proceso, se debe tomar en cuenta el diálogo social, lo que contribuiría a atender las demandas y a mejorar las relaciones laborales.
Dejar a los trabajadores agrarios en el Régimen General de Trabajo (Decreto Legislativo N° 728) sería contraproducente, advierte el exministro Sánchez, ya que se mantendría la inestabilidad laboral y los jornales podrían reducirse en caso los empresarios decidan descontar del pago diario lo que consideraban como gratificaciones o CTS.
foto: en perú, el consejo nacional de trabajo, espacio institucional de diálogo, está desactivado desde la gestión de la exministra sylvia cáceres, quien aprobó el plan de competividad sin dialogar con trabajadores
Seguridad y salud en el trabajo
Otro tema a ser atendido son las condiciones de trabajo en la que los trabajadores agrarios cumplen sus labores. Los trabajadores agrarios pasan horas expuestos al sol y a insectos, y agachados haciendo esfuerzo constantemente, por lo que este tipo de empleo configura un trabajo de riesgo.
Un informe de la OIT del 2015, advertía sobre los riesgos de salud de los trabajadores agrarios de Perú. Los efectos señalados fueron: deshidratación, calambres por calor, insolación, cáncer de piel; mordeduras y picaduras fatales o nocivas, cortaduras, deterioro auditivo por el ruido de maquinaria; así como numerosos trastornos musculo-esqueléticos como dolor de espalda o lumbalgia.
Además, debemos señalar que las empresas del régimen agrario estuvieron veinte años aportando apenas 4% de los salarios al Seguro Social de Salud. Esto, según el MTPE, ha afectado la sostenibilidad financiera de EsSalud y favoreció a "un segmento empresarial que no requiere de dicho subsidio, en perjuicio de otros sectores". Además, esos pocos aportes serían motivo de maltratos, según han denunciado los trabajadores agrarios.
"Nos discriminan, no nos toman importancia, nos dan citas alejadas y tenemos que conseguir dinero para atendernos particularmente porque la empresa no nos brinda apoyo económico cuando sufrimos accidentes", contaba un trabajador de la Agrícola Chapi en Ica.
Fiscalización laboral
La función de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es importante, ya que los inspectores se encargan de verificar las condiciones de trabajo de los empleados y de que se respeten los derechos laborales.
Sin embargo, no basta con los 764 inspectores que tiene Sunafil a nivel nacional. Además, actualmente hay un problema: por un error de Sunafil al no computar debidamente la experiencia profesional de un postulante, el Tribunal de SERVIR declaró nulo un concurso público de méritos por el que 100 profesionales ganaron sus puestos de inspectores auxiliares. Estos inspectores juraron al cargo el 31 de julio pasado y las resoluciones de SERVIR fueron a fines de octubre.
"Con ello, dicho personal que ya viene cumpliendo labores inspectivas desde julio del presente año, deberá ser desvincualdo de la entidad", señala el Sindicato Único de Inspectores de Trabajo (SUIT SUNAFIL).
Esto implica que se tendrá que convocar a un nuevo concurso público de méritos y, si bien los inspectores que fueron nombrados pueden volver a postular, deberán dejar el cargo con los eventuales nuevos resultados. Por este motivo, los inspectores muestran su preocupación ante lo que consideran una afectación a su derecho a la estabilidad laboral.
[Foto de portada: Andina]
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