"Ante las publicaciones aparecidas durante las últimas horas, quiero decir que me ratifico en todo lo que dije en la entrevista publicada hoy en el semanario Hildebrandt en sus trece". De esta manera, la miembro del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma Narváez desmiente a su colega José Luis Sardón, quien afirmara esta mañana desde Arequipa (donde se reunieron los miembros de la institución) que el semanario había distorsionado las declaraciones de la magistrada.

La magistrada del órgano de justicia más importante del país señaló al semanario que un colega le planteó votar a favor de la libertad de Keiko Fujimori para que no existiera la necesidad de “mover” la conformación del tribunal.

“No voy a ser infidente, pero es cierto, me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica, y consolidemos una posición en relación a este tema. Y mi respuesta fue que eso era imposible”, afirmó la miembro del TC.

Lo indicado por Ledesma se da en medio del proceso de elección de los nuevos miembros del TC, y por lo cual este viernes el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara que planteará una cuestión de confianza.

Consultado al respecto, el exfiscal Avelino Guillén Jáuregui señala a La Mula que este proceso de elección está manejado por intereses y objetivos de una agrupación política: "La denuncia de la magistrada revela que se pretende utilizar al Tribunal Constitucional para un objetivo: la libertad de la señora Keiko Fujimori, esto es, permanencia en el cargo a cambio del voto a favor del habeas corpus de Fujimori".

En su opinión, esto es un acto de corrupción, por lo que corresponde que este proceso de selección de jueces del tribunal constitucional sea suspendido hasta el cabal esclarecimiento de los hechos. "Lo que se desprende es que la permanencia o no de un juez del tribunal constitucional depende de la voluntad de una agrupación política cuya principal líder se encuentra privada de la libertad quien tiene un hábeas corpus pendiente de ser resuelto precisamente por el Tribunal Constitucional", añade.

Guillén resalta además que la intención real de Fuerza Popular por tener miembros afines en el TC es "para traerse abajo el acuerdo con Odebrecht, y con ello afectar al equipo especial de Lava Jato, y desestimar las pruebas (audios) que evidencian la existencia de la organización criminal Los Cuellos Blancos".


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