El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó este miércoles al voto su veredicto sobre el hábeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva que pesa sobre ella desde noviembre de 2018, en el marco de la investigación que sele sigue por el caso Odebrecht. La diligencia se lleva a cabo luego de la decisión del colegiado de desestimar la postergación de la vista de la causa propuesta por el miembro del TC José Luis Sardón.

Tras la audiencia en la que se escucharon por dos horas los alegatos a favor y en contra del referido recurso esgrimidas por la defensa legal de la jefa de Fuerza Popular y el procurador del Poder Judicial, respectivamente, el presidente del TC, Ernesto Blume, invocó a las partes a presentar por escrito las argumentaciones adicionales que crean convenientes. "Vista la causa, queda al voto", concluyó.

En la diligencia, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, insistió en que la prisión preventiva dictada contra su cliente se basó en inferencias y presunciones, pero lo cierto es que la equipo especial Lava Jato logró acreditar actos reiterados de obstrucción a la justicia tanto de la dos veces candidata como de la cúpula de su partido. De hecho, el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, reiteró este martes que no hay garantías para que la jefa de Fuerza Popular afronte el proceso en libertad.

"La resolución que impone la prisión preventiva, si está marcada por algo, es por meras inferencias y presunciones. No lo digo yo, de manera textual está en las resoluciones, no hay un acto concreto ni en la imputación por organización criminal ni en la imputación por lavado de activos", dijo Loza durante la audiencia.

Loza también mencionó que la resolución de la Corte Suprema, que redujo de 36 a 18 meses el tiempo de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, pero que respaldó la medida, dice que el peligro procesal de obstaculización, ha decaído, tras recordar que la fiscalía hizo embargos, incautaciones y tiene registros, documentos.

La abogada sostuvo también que los requerimientos y citas de audiencia de la sala se daban en menos de 24 horas, y en estas se incorporaban nuevos elementos de convicción, sobre los cuales no eran informados con anticipación y no podían presentar pruebas de defensa.

"Invoco al tribunal para que se repare eso, es una práctica indebida, tuvimos decenas de audiencias maratónicas sin descanso, debe repararse por el bien de la ciudadanía", afirmó Loza.

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