Luego del fallo que ordenó la prisión preventiva para cuatro de los cinco empresarios socios de Odebrecht en la trama corrupta de la Interoceánica, el fujimorismo se ha quedado solos y sin piso en su pretensión de destituir al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien acusan —sin sustento legal ni real— de una "grave omisión de funciones" ante una presunta inacción de la fiscalía frente a las exconsorciadas de la constructora brasileña.
El juez Richard Concepción Carhuancho, quien en su resolución acogió el pedido fiscal de prisión preventiva para los empresarios peruanos y apoyó la investigación preparatoria en contra de Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA en el caso de la Interoceánica, defendió al titular del Ministerio Público ante la arremetida de Fuerza Popular en el Congreso.
"Respaldo al doctor Pablo Sánchez Velarde, es un jurista probo, es un lujo tenerlo como fiscal de la Nación, no existe motivo para acusarlo constitucionalmente por temas de cumplimiento del deber".
En efecto, en la maratónica audiencia que se inició el domingo y culminó la madrugada de este lunes, quedó meridianamente claro que el Ministerio Público venía investigando a las firmas socias de Odebrecht desde marzo pasado, tal como lo admitió la defensa legal de uno de los cinco directivos acusados de colusión y lavado de activos, Fernando Camet.
Además de Camet, el juez Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva para José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y José Castillo Dibós; en tanto, para Gonzalo Ferraro Rey dictaminó arresto domiciliario en la clínica Angloamericana, donde está por problemas de salud.
El magistrado habló este lunes en RPP de su resolución, y explicó que esta responde a los elementos e indicios probatorios que expuso la fiscalía en su expediente, que incluía los dos requisitos claves para que se aprueba la prisión preventiva: elementos de convicción fundados y una pena superior a los cuatro años por los delitos que se le imputan.
"La clave para decidir, creo yo, está en el propio expediente [...] Me guío no tanto por una justicia de carácter retórico, sino por una en base a una justicia probatoria. Que las pruebas o elementos de convicción marquen la pauta para decidir".
El juez Concepción Carhuancho dijo que en la Sala Penal Nacional que dirige hay casos de criminalidad organizada muy graves, pero eso no implica que siempre se dicte prisión preventiva para los investigados."Los jueces no podemos dictar prisión preventiva en base a corazonadas, tenemos que tener elementos que nos hagan suponer que se pueden ir del país", explicó.
En el caso de los empresarios enviados a prisión, el fiscal Hamilton Castro Trigoso lo explicó bien: "Los imputados pertenecen al empresariado más prominente del Perú" y tienen, por tanto, los medios y la capacidad económica para eludir la justicia.
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