En la audiencia judicial en la que se dictó 18 meses de prisión preventiva para cuatro de los cinco directivos de Graña Montero, JJ Camet e ICCGSA quedó demostrado que la fiscalía sí venía investigando a los socios de la constructora brasileña Odebrecht y que luego de varios meses de trabajo en los que lograron reunir los elementos e indicios necesarios para iniciar la etapa preparatoria de la indagación —paso previo al proceso penal—, se solicitó la medida de aseguramiento para los empresarios peruanos.
El abogado de uno de los imputados, el empresario Fernando Camet, de JJ Camet, admitió que las pesquisas en contra de su cliente se iniciaron en abril pasado, y que desde ese momento, requirieron que se les permita defenderse en el proceso de investigación que se realizaba bajo reserva.
"Se limitó el derecho de defensa. Una investigación reservada evitó que mi patrocinado pueda ejercer este derecho fundamental", dijo en la audiencia el abogado Eduardo Alcócer, al tratar, sin éxito, de evitar para su cliente la prisión preventiva.
¿Qué significa esto? Que que se derrumba la excusa que el fujimorismo esgrime para insistir en la destitución del titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, por una "grave omisión de funciones" ante una presunta inacción de la fiscalía frente a las exconsorciadas de Odebrecht.
Pero no solo eso, en el pedido de prisión preventiva del fiscal Hamilton Castro se alude a la Disposición N° 8, fechada el 7 de marzo de este año, en la que se le imputa a Camet el delito de colusión. En ese documento se incluye también a José Castillo Dibós, de ICCGSA. O sea, desde marzo el Ministerio Público los tenía bajo indagación.
La fiscalía y el mismo Sánchez ya habían afirmado que no era cierto lo que alega Fuerza Popular, y una de las partes acusadas lo confirma ahora, con lo cual, como ya ha quedado demostrado, la pretensión fujimorista no solo no tiene base legal, tampoco sustento en la realidad.
¿Qué dirá ahora Salaverry, promotor de la acusación contra sánchez en el congreso. (andina)
Pero el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, en la acusación fiscal que presentó contra Pablo Sánchez en noviembre pasado en el Congreso, afirmó que "los principales directivos de Graña y Montero y de las demás empresas consorciadas no son investigadas por el Ministerio Público".
Sin embargo, en la bancada de Keiko Fujimori no piensan dar marcha atrás. Así lo dio a entender el domingo su vocera alterna, Milagros Salazar, quien insistió que si Sánchez quiere evitar su destitución deberá demostrar que la fiscalía sí investigaba a las empresas socias de Odebrecht.
Sea como fuere, a estas alturas queda claro que detrás de la arremetida fujimorista hay intereses subalternos, como lo cree también el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien dijo que sería muy grave si en el Congreso se destituye al fiscal de la Nación.
"El Congreso tiene una tarea delicada e importante, pero siempre hay gente que se excede. Esta acusación (contra el fiscal de la Nación) va más allá de un control político".
[Foto de cabecera: Andina]
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