Cuatro de los cinco directivos de Graña Montero, JJ Camet e ICCGSA, las socias de la constructora brasileña Odebrecht en la Interoceánica Sur, ya están en la carceleta judicial a la espera de que el INPE defina los penales a los que irán a cumplir el mandato de 18 meses de prisión preventiva que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó esta madrugada.
El citado magistrado, a pedido de la fiscalía, ordenó la medida contra José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós; en tanto, en el caso de Gonzalo Ferraro Rey se le dio arresto domiciliario en la clínica Angloamericana, en donde está internado por problemas de salud.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, jefe del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, había advertido el peligro de fuga de los directivos en la audiencia, porque "los imputados pertenecen al empresariado más prominente del Perú" y tienen capacidad económica para eludir la justicia. "Hoy, señor juez, veremos si la justicia se imparte a todos por igual. Con todo respeto, señor juez", había dicho al inicio de la diligencia que se inició el domingo y culminó la madrugada del lunes.
Castro además rechazó que "categóricamente" que la investigación a los directivos y las empresas socias de Odebrecht responda a las presiones políticas del fujimorismo, que busca destituir a fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el Congreso, bajo este pretexto, lo cual, como ya ha quedado demostrado, no tiene base legal ni sustento en la realidad.
"La prueba está en la cronología, porque todo esto proviene de un proceso de corroboración de lo que dijo un (aspirante) a colaborador eficaz (Jorge Barata)", subrayó el fiscal del caso Lava Jato. Incluso, el abogado de uno de los imputados, el empresario Fernando Camet, confirmó que las pesquisas en contra de su cliente se iniciaron en abril pasado.
Así, el magistrado Concepción dio por cumplidos los dos requisitos para la prisión preventiva contra los referidos empresarios, acusados de colusión y lavado de activos: elementos de convicción fundados y una pena superior a los cuatro años por los delitos que se le imputan.
Según la fiscalía, los directivos se coludieron con su socia Odebrecht, para defraudar al Estado, y le transfirieron US$15 millones de las utilidades bajo el concepto de "riesgos adicionales", con lo que asumieron la parte que les correspondía de los US$20 millones del soborno al expresidente Toledo por la buena proyecto del proyecto.
[Foto de cabecera: La República]
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