Durante el operativo especial de allanamiento de 12 viviendas, en ocho distritos de Lima y Callao, se supo que tres de las mismas pertenecen a Mariano González Fernández, exministro de Defensa y representante de Peruanos Por el Kambio ante el Parlamento Andino. 

La diligencia a cargo del Ministerio Público se realizó en el marco de las investigaciones que se siguen por presunto pago de coimas que habría realizado la empresa brasileña Odebrecht en la última campaña electoral en el Perú.

González Fernández recibió dinero de Odebrecht Latinvest a través de contratos ficticios con la constructora brasileña, según el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú, por lo que a través del fiscal Sergio Jiménez Niño, se pidió al Poder Judicial la detención preliminar y allanamiento de tres inmuebles del exministro. Sin embargo, el juez Manuel Chuyo Zavaleta  rechazó el pedido.

Chuyo Zavaleta habría tomado en cuenta que como parlamentario andino el exministro de Defensa, quien renunció a esta cartera en noviembre del 2016, goza de inmunidad parlamentaria. Según La República, la fiscalía estaría en desacuerdo con esta protección legal a González puesto que esa "inmunidad" no aparece en la Constitución Política de 1993 sino en el tratado posterior que crea el Parlamento Andino.

Considerando el control difuso y si la inmunidad parlamentaria la levanta el Parlamento Andino o el Congreso de cada país, según la nacionalidad del representante cuestionado, la fiscalía solicitó su captura inmediata. No obstante, el magistrado sí concedió el pedido de detención preventiva de otro de los involucrados en el operativo de este martes. 

El juez Chuyo Zavaleta ordenó la detención preliminar por 72 horas contra Samuel Carlos Campusano Dulanto, un presunto lobista en el Ministerio de Economía y Finanzas, por presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos.

Otro de los intervenidos fue el jefe de la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera del MEF y miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, Pedro Valentín Cobeñas Aquino. 

Asimismo, fue allanada la vivienda de Héctor Ismael Gutiérrez Aquino, exprocurador del Ministerio de Defensa durante la gestión de González Fernández y exabogado de la red Orellana.

Los otros domicilios que fueron parte del operativo corresponden a los hermanos Samuel Carlos y Carlos José Campusano Dulanto. Samuel Campusano aparece como presidente y representante legal de la organización "Desarrollo Nacional del Perú", Denap.

Vía Evitamiento de Cusco

Las declaraciones de los colaboradores eficaces y testigos del caso Odebrecht apuntan a que los hermanos Campusano Dulanto ofrecieron a los directivos de la constructora interceder para lograr que el Ministerio de Defensa apruebe en tiempo récord el pago de los bonos soberanos en la construcción de la vía Evitamiento de Cusco, obra por la que los brasileños pagaron US$ 1,5 millones al exgobernador regional Jorge Acurio para adjudicarse la obra.

Los mismos hermanos Campusano admitieron que los pagos por estos servicios se tendrían que realizar a través de contratos simulados de asesoría, los cuales terminaron siendo firmados por González Fernández y Gutiérrez Aquino y Odebrecht por diversos montos de más de 500 mil soles. 

El exministro, por su parte, aceptó que prestó una consultoría legal un consorcio vinculado a la empresa brasileña, que sería —según fuentes consultadas por La República— el Consorcio Vías del Cusco que ejecutó la Vía de Evitamiento de la Ciudad Imperial, obra que terminó costando más de 100 millones de dólares de su precio inicial.

Los aportes a PPK

El 2016, cuando Mariano González postuló al Parlamento Andino por Peruanos Por el Kambio, contribuyó con S/. 104 mil a la campaña, según los reportes de la ONPE. Sin embargo, lo que más llama la atención en la fiscalía es que uno de los pagos que se realizaron al exministro por las mencionadas asesorías terminó como parte de un aporte a la campaña del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

De acuerdo a las fuentes, el miembro del Parlamento Andino aportó a la campaña de PPK un día después de recibir un pago por 76 mil soles, que se hizo el 26 de febrero del 2016. La sospecha, evidentemente, es que los contratos ficticios podrían haber ocultado en realidad aportes a la campaña de Kuczynski.

(Foto de cabecera: Ojo Público)

Notas relacionadas: