La guerra está declarada. El fujimorismo dio el primer paso en el Congreso para destituir al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al admitir esta semana la acusación constitucional presentada por el vocero de su bancada, Daniel Salaverry, pero la respuesta del Ministerio Público fue contundente, y llegó de boca del fiscal superior Martín Salas Zegarra, titular de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima:
"Tendrán que destituir a todos los fiscales del Perú para lograr sus arbitrarias y abusivas pretensiones de evitar que se investiguen a aquellos que sin ocupar actualmente cargo público alguno, ostentan notoria fuerza y poder político".
El magistrado se pronunció a través de sus redes sociales para advertir a la fuerza que controla el Parlamento que ni él ni sus colegas retrocederán en sus investigaciones, a pesar de la arbitraria denuncia en contra del titular del Ministerio Público, cuyo principal objetivo no solo su destitución, sino también amedrentar a los dos fiscales que investigan a Keiko Fujimori.
El fiscal Martín Salas, que llevó caso de Álex Kouri, sale al frente ante las amenazas del fujimorismo. (Foto: Perú21)
Uno de ellos es el magistrado José Domingo Pérez, quien investiga a la jefa de Fuerza Popular por sus cuentas personales y el financiamiento de sus campañas electorales, cuyas pesquisas avanzan a pasos acelerados. De hecho, ya este fiscal, apenas aterrizó en Lima luego de interrogar en Brasil a Marcelo Odebrecht, empezó a tramitar el pedido para hacer lo propio con Jorge Barata, el exdirector de la constructora brasileña en Perú que, según el mismo Odebrecht, tiene los detalles de las coimas y aportes a políticos en nuestro país.
La otra investigación, que aún no fiscal a cargo, es la reabierta hace poco contra el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, pero ahora bajo la ley de Crimen Organizado, medida que incluye a la lideresa del fujimorismo, por supuesto lavado de activos.
Estos procesos tendrán bajo escrutinio fiscal y público a la hija mayor del reo de la Diroes durante los próximos 36 meses, lo que podría complicar su candidatura para los comicios del 20121.
"Basta ya del mal uso del poder que nuestro pueblo les confió, lo dije antes y lo repito: que sepa la corrupción que al Ministerio Público no se le amedrenta, si tenemos que morir por hacer bien las cosas, moriremos", dijo el fiscal Martín Salas, citado por La República, quien ya recibió amenazas de muerte cuando encabezabas las investigaciones a políticos como el ex presidente regional del Callao, Alex Kouri, hoy en prisión por corrupto.
El referido fiscal peruano difundió también un carta pública del presidente del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, el juez brasileño Rafael de Menezes, quien pidió al Congreso peruano a que se desestime la denuncia contra Pablo Sánchez.
"Rechazamos todos aquellos intentos de amedrentamiento que, a través de acciones políticas que se vienen cerniendo sobre el fiscal de la Nación del Estado peruano", se lee en la misiva, en alusión a la acusación contra el titular del Ministerio Público, que también compartió el pronunciamiento a través de su cuenta oficial de Twitter.
Denuncia sin sustento
Como ya lo habían explicado otros juristas, la acusación constitucional en contra de Pablo Sánchez no tiene sustento jurídico, manifestó el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, quien dijo que insistir en ello solo le quita credibilidad al Parlamento. "No hay nada en la conducta del fiscal de la Nación que pueda ser reprochada. Lo que se le atribuye (en la denuncia) como facultades, no lo son. La denuncia debería ser archivada", alegó. "Es un error político grande haber presentado esa denuncia. Es atentar contra la institucionalidad", insistió.
Pero al fujimorismo no parece importarle la legalidad ni la institucionalidad. De hecho, el semanario "Hildebrandt en sus Trece" revela este viernes que hay otros designios, "aun más oscuros", del partido que dirige Keiko. Lo del fiscal Sánchez es solo "el primer peldaño".
El siguiente paso, según la publicación, apunta a Palacio, tras la reciente confesión en Brasil de Marcelo Odebrecht, quien aseguró que contrató los servicios de Pedro Pablo Kuczynski como consultor, luego de que el ahora presidente dejó el gobierno de Toledo. La revista lo reseña así:
"La cúpula del partido conocía al detalle la información porque el abogado de Keiko Fujimori estuvo presente durante el interrogatorio en Curitiba. Los fujimoristas, sin embargo, no dijeron nada. La estrategia del silencio se debió, fundamentalmente, a que dar credibilidad a la declaración de Odebrecht respecto al mandatario suponía, implícitamente, dar por cierto lo que dijo sobre el financiamiento de la campaña de su lideresa. Eso explicaría también por qué, tras filtrarse a la prensa el lunes pasado, optaron por mostrar una moderación poco habitual en ellos. Esperan que Barata sea lo suficientemente ambiguo en el caso de Keiko y reiterativo en el asunto de la consultoría de Kuczynski. Si eso sucediera, desatarían toda su furia. Y no hablan de vacancia sino de precipitar la renuncia del presidente".
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