Al parecer, la respuesta firme que dio el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de que no se amilanará ni se dejará amedrentar por el fujimorismo que ahora buscará su destitución a través del Congreso que controlan, viene acompañada de acciones concretas, porque el Ministerio Público acaba de reabrir la investigación a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y financista de Keiko Fujimori, por el presunto blanqueo de US$15 millones, decisión que alcanza a la excandidata.

Y no solo eso. La titular de la Tercera Fiscalía de Lavado de Activos, Elizabeth Peralta, también ordenó adecuar el caso a la Ley de Lucha Contra el Crimen Organizado. Así, ahora se realizarán los peritajes contables y financieros a las cuentas y bienes patrimoniales de los investigados y recabar información de la DEA. La indagación preliminar, a cargo de la fiscal Sara Vidal, fue archivada sin cumplir con todas estas diligencias.

La resolución de la fiscal Peralta Santu fue notificada el viernes último a los investigados y sus abogados, es decir, no solo a Joaquín Ramírez, también a su hermano, el congresista fujimorista Osías Ramírez, y a su tío, el fundador y rector de la universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez, así como a otros familiares y sus colaboradores, informó este martes La República.

Esta investigación al grupo empresarial de los Ramírez y sus nexos con Keiko Fujimori buscará determinar si es que constituyen una organización criminal. La excandidata ya afronta una investigación bajo la ley de Crimen Organizado por el caso de los cocteles con los que dice haber financiado sus campañas electorales.

Así, el fiscal de lavado de activos que retome la investigación a los Ramírez deberá concluir con todas las pericias que quedaron pendientes y, solicitar, como señala la resolución de la magistrada Peralta, vía cooperación judicial internacional, un audio de la DEA con las conversaciones que sostuvo Joaquín Ramírez y el piloto peruano Jesús Vásquez, colaborador de la agencia antidrogas estadounidense.

Vásquez, quien radica en Miami, declaró en mayo del 2016 que el mismo Ramírez le había dicho, casi ufanándose, que había lavado US$15 millones a través de una cadena de grifos de su propiedad, que la jefa de su partido, Keiko Fujimori, le había entregado, dinero que había sobrado de la campaña del 2011. En ese momento, la DEA investigaba los nexos que habían entre Joaquín Ramírez y el sindicado capo del narcotráfico, el peruano Miguel Arévalo Ramírez, 'Eteco'.

La procuradora Janet Briones apeló la resolución de archivo de la fiscal Sara Vidal, quien también había señalado en su fallo no había indicios de que Keiko Fujimori esté implicada en lavado de activos, porque no aparecen registrados inmuebles y otros bienes a su nombre, sin considerar la posibilidad de que se esté utilizando a testaferros, como suele pasar en estos casos. La fiscal Peralta Santur usó todas estas inconsistencias para ordenar la reapertura de la investigación.

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