Las dos denuncias constitucionales en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fueron admitidas a trámite este miércoles por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, gracias a los votos del fujimorismo, en una sesión que se inició al mediodía bajo la conducción de la presidenta del grupo, la legisladora Liliana Takayama, de Fuerza Popular.
Ahora que se declararon procedentes las acusaciones contra el titular del Ministerio Público presentadas por Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupada) se presentará el informe de calificación a la Comisión Permanente del Congreso, que deberá definir un plazo para que la subcomisión investigue y presente un informe final, que podría implicar la destitución de Sánchez.
De hecho, esa es la pretensión de la denuncia que presentó Salaverry el último lunes 6, cuando alegó una supuesta "grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción" de Sánchez en el caso Lava Jato, porque según el fujimorista, el fiscal de la Nación no hizo nada para que se investigue a las empresas peruanas socias de Odebtrecht.
Pero lo cierto es que, como se ha explicado, el titular del Ministerio Público no tiene responsabilidad funcional en este caso, que está a cargo de un equipo especial de fiscales liderados por Hamilton Castro, los cuales, por lo demás, tienen autonomía. Y tampoco es cierto que las consorciadas de la constructora brasileña no estén bajo indagación.
Por ello, Sánchez ha sido claro en señalar que las denuncias en su contra no tienen ningún asidero legal ni base jurídica, y que por tanto responden a una consigna política del fujimorismo por la reapertura de la investigación a Joaquín Ramírez bajo la ley de Crimen Organizado, medida que alcanza a la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Reacciones en el Congreso
Durante el debate, Marisol Espinoza (APP) dijo que las denuncias contra Sánchez son una represalia contra el Ministerio Público, mientras que el legislador oficialista Gino Costa llamó la atención por la "extraña rapidez" del trámite de las denuncias, y atribuyó las imputaciones al fiscal de la Nación por la reapertura del caso Ramírez.
Su colega de bancada Juan Sheput también cuestionó la decisión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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