La suerte de Edgar Alarcón está en manos del Congreso. La Comisión Permanente debate este miércoles el pedido de destitución del titular de la Contraloría General de la República, en medio de la graves denuncias en su contra, por la compra y venta de vehículos de alta gama, a pesar de que la ley le prohibe realizar este tipo de actividades lucrativas como alto funcionario, caso por el que la fiscalía le abrió una investigación por lavado de activos, y por pagar una spuesta liquidación indebida a una exsubordinada con la que tuvo una relación íntima y dos hijos.
El legislador aprista Javier Velásquez Quesquén fue quien presentó la solicitud de remoción del contralor, tras conocerse la denuncia periodística sobre los 90 autos de las marcas BMW, Jeep y Audi que adquirió Alarcón, junto con sus hijos, entre el 2002 y el 2015, cuando se desempeñaba como vicecontralor.
Pero también se fueron conociendo otras denuncias en su contra, como la compra venta de terrenos del Estado, que reveló La República, o que el contralor y sus hijos compraron más de 100 vehículos entre 1994 y el 2017, por US$ 1,1 millones, según datos de Registros Públicos que reportó El Comercio.
"Voy a exponer qué hechos considero como faltas graves y que ameritan la remoción del contralor. (Si se aprueba el pedido) tendremos que garantizarle el derecho al debido proceso", explicó el legislador Velásquez.
El vocero del oficialismo, Carlos Bruce, quien es la sazón integrante de la Comisión Permanente, dijo que se podría optar por nombrar un grupo de congresistas que analice las imputaciones contra el contralor, escuche sus descargos y elabore un informe. La idea —explicó el legislador— es realizar un proceso como el que se siguió para destituir a Carmen Higaonna, destituida por el Congreso en el 2001. "Ella presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional, pero este concluyó que el procedimiento parlamentario fue el correcto", recordó.
El fujimorismo a prueba
La sesión de la Comisión Permanente está prevista para las 16:00 horas y estará dirigida por la titular del Legislativo, Luz Salgado. Lo que está por verse es cuál será la postura qua adoptará el fujimorismo que controla el Congreso en este tema. De ello puede depender la suerte del contralor.
El lunes, el periodista Miguel Ramírez reveló en Trome que Alarcón, tras varios intentos, logró reunirse a mediados de julio del año pasado con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (FP). A partir de ese encuentro, según relata la nota periodística, los fujimoristas que habían despotricado del contralor tras su elección en el Congreso, cambiaron de postura 180 grados, al punto de que este funcionario se volvió intocable para la bancada mayoritaria del Parlamento.
Incluso, las denuncias por las que ahora la fiscalía lo investiga fueron pasadas por agua tibia en agosto del año pasado —y ahora se sabe que en ese entonces ya se había dado la cita cumbre con Keiko— cuando se tramitaron en el Parlamento.
La semana pasada, Alarcón —quien se ha negado a renunciar y se ha mostrado hasta desafiante— aseguró que está preparado para responder ante el Congreso por las denuncias en su contra. "Espero que me citen. Tengo los documentos que demuestran que las acusaciones carecen de sustento", dijo.
El fujimorismo volverá a blindar a Alarcón como parece haberlo hecho hasta ahora.
Precisamente, el contralor se reunió anoche con legisladores del Frente Amplio en el Parlamento. La cita se dio por una iniciativa de la segunda mayor bancada. El legislador de este grupo Jorge Castro dijo que Alarcón dio su versión sobre las denuncias en su contra. "Hemos podido escucharlo, hacerle preguntas, tener una versión directa y sacar nuestras conclusiones. Además, se ha comprometido a entregar pruebas de sus afirmaciones", refirió.
DATOS
► Edgar Alarcón se presentó el lunes ante el Ministerio Público para responder por el pago ilegal a favor de Marcela Mejía Franco, exfuncionaria de la Contraloría con quien tuvo una relación. El contralor fue interrogado por la fiscal Zoila Sueno, del cuarto despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción.
► Según denunció el auditor de la Contraloría, Walter Grados Aliaga, Alarcón liquidó a Mejía con 127 mil soles y otros 100 mil por el concepto de pago de viáticos, pese a que el sueldo de quien fuera su subordinada apenas superaba los tres mil soles.
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