Se le viene la noche. El contralor general de la República, Edgar Alarcón, deberá responder al menos seis acusaciones en su contra por diversos actos que realizó desde que se desempeñó como funcionario de alto nivel y luego fue nombrado vicecontralor del ente de control del Estado en enero del 2013.

La compra y venta venta de automóviles a partir del 2003 como actividad lucrativa, la adquisición de dos vehículos a un proveedor de la Contraloría a precios presuntamente subvaluados, la información incompleta de sus declaraciones juradas entre los años 2011 y 2015 , así como la liquidación laboral aparentemente irregular a su pareja sentimental y exfuncionaria de la Contraloría, son los cargos por los que se le acusa.

Alarcón habría violado el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, debido a que en el periodo que ejerció la función de vicecontralor adquirió siete vehículos, de los cuales vendió cuatro; y él como alto funcionario de la institución está prohibido de ejercer actividad lucrativa. Además del negocio de compra y venta de autos se derivaría una posible evasión tributaria, pues nunca declaró los ingresos que obtuvo por dicha actividad comercial.

Al respecto, el contralor ha dicho en su defensa que estas compras y ventas solo las hizo como parte de la renovación vehicular de su familiar. No obstante, este argumento es poco consistente, porque se sabe que Alarcón se dedicaba a esta actividad comercial junto a su hijo desde el 2003.

Seguramente la acusación más importante y por la que Alarcón aún no ha podido responder es la liquidación de S/ 127 mil que, como gerente de Finanzas de la Contraloría autorizó para su pareja sentimental cuando esta renunció a la ente de control en el 2010, pese a que la exfuncionaria —con quien inició una relación cuatro años antes de su salida— solo ganaba S/ 3.550 mensuales.

Otros de los cargos que se agregaría a estas denuncias es la presunta coacción sobre el auditor Walter Grados Aliaga para que retire la denuncia en su contra que tramitó ante el Congreso. Según los artículos 366 y 376 del Código Penal, Alarcón habría cometido el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, y abuso de autoridad, según La República. 

El Congreso lo espera

Si bien el contralor ha manifestado que no renunciará a pesar de las acusaciones en su contra, el parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén ha solicitado una reunión de la Comisión Permanente para evaluar la remoción de Alarcón Tejada por “no haber acreditado conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral”. Este pedido aún tiene la respuesta pendiente de la presidenta del Congreso, Luz Salgado.

En tanto, este miércoles la bancada de Peruanos por el Kambio presentó una carta a la titular del Parlamento en la que se adhiere al pedido de Velásquez. En el documento, que tiene la la firma del vocero del grupo oficialista, Carlos Bruce, se señala que respaldan la petición del congresista aprista en “aras de la transparencia y la idoneidad que debe poseer la Contraloría”.

DATO:

De acuerdo al artículo 82 de la Constitución Política, el contralor es designado por el Congreso pero también puede ser removido por este por falta grave.

(Foto de cabecera: La República)

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