A pocas horas de que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil hiciera pública una grabación, realizada de forma secreta, de una conversación comprometedora del presidente Michel Temer, pactando el pago de un soborno, los brasileños, en medio de la conmoción y cansados de la corrupción de su clase dirigente, salieron a las calles con pancartas en mano y un lema único: ¡Diretas, já! Este fue el grito con el que, en 1984, decenas de miles de brasileños se movilizaron para forzar la caída de la dictadura que había gobernado el país en las dos décadas anteriores.
Ahora el ánimo popular se asemeja al de aquella época. La gente ya está exigiendo elecciones presidenciales directas en Brasil tras el último escándalo que implica al mismo Temer, a quien el Supremo le abrió una investigación el jueves por obstruir a la justicia y lo dejó al borde de la destitución, mientras que en el Congreso alistan un impeachment apoyado por el propio partido de gobierno y al que se suman el Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y la Rede de la frustrada candidata presidencial en 2014 Marina Silva.
Así, Temer, quien asumió el cargo después del impeachment que terminó con la destitución Dilma Rousseff —en un juicio político que apoyó con entusiasmo— , parece estar acorralado por su propia trampa.
Sea como fuere, el ánimo en las calles y el Parlamento brasileños es no esperar hasta las elecciones presidenciales programadas oficialmente para octubre de 2018. Pero ¿qué tan factible es? En principio, se necesita un cambio constitucional para adelantar los comicios.
La Constitución brasileña contempla la convocatoria de nuevas elecciones si así lo decide el Congreso y se produce en los dos primeros años del periodo de cuatro que media entre cada proceso electoral. Después de este tiempo, la vacante se cubriría con un candidato votado por el propio Congreso, la llamada elección indirecta.
La situación actual del país se ubica en el segundo escenario, que la mayoría de la oposición rechaza, pues se caería en el problema de déficit de legitimidad que ya arrastra el actual gobierno, cuyo presidente era el número dos de Rousseff y logró desplazar a esta por una maniobra parlamentaria sin pasar por las urnas.
Por ello, el diputado de Rede Miro Teixeira propuso una enmienda constitucional que contemple que las elecciones se convocaran 90 días después de que quedase vacante el cargo de presidente. Este cambio en las reglas demoraría al menos dos meses a pesar de la buena disposición del Congreso.
Otra medida que se podría usar es la figura aplicada a la expresidenta Rousseff y por la cual Temer llegó al poder: el impeachment. Este paso requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado con un proceso de larga duración. El que acabó con la destitución de Rousseff duró aproximadamente 6 meses.
La tercera opción es que la investigación del Tribunal Supremo encuentre indicios de criminalidad en el presidente y decida pedir autorización al Congreso para actuar contra él y apartarlo del cargo. En ese caso necesitaría también el voto favorable de dos tercios de la Cámara y del Senado. La Constitución de Brasil protege al presidente de delitos cometidos antes de ejercer su cargo pero la acusación que pesa ahora contra Temer fue en el pasado marzo y no se aplicaría el derecho de inmunidad.
La última opción, la más voceada entre los brasileños, es la inhabilitación de Temer por el Tribunal Superior Electoral el próximo 6 de junio, por supuestamente haber financiado de forma ilegal la campaña de 2014 de Rousseff, quien también podría ser inhabilitada. Cabe señalar que la decisión la tiene que tomar el pleno del tribunal, presidido por un magistrado con mucha cercanía personal a Temer.
En el caso de lograrse la inhabilitación, la presidencia provisional recaería, en este orden, en los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y del Tribunal Supremo, todos investigados también por el caso Lava Jato, con la única función de convocar la elección de un sustituto, para lo que, si se mantuviese el sistema de elección indirecta, tendría un plazo de 30 días.
Uno de los problemas para lograr consenso político sobre esa propuesta es que unas elecciones inmediatas favorecerían enormemente las opciones de Lula da Silva, favorito en las encuestas. El expresidente tiene cinco juicios abiertos por corrupción, cuyas eventuales condenas –que implicarían la inhabilitación política– difícilmente llegarían antes de conocer el veredicto de las urnas.
Para dejar a Lula fuera de juego se requeriría que una segunda instancia judicial ratificase la eventual condena de Moro lo que, en la más rápida de las hipótesis, aún demoraría muchos meses, probablemente un año.
Acusaciones contra Temer
El ministro relator del Tribunal Supremo para el caso Lava Jato, Edson Fachin, dio vía libre para un proceso contra Temer porque hay indicios sobre su complicidad con los dueños del frigorífico JBS para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hoy preso por corrupción. Los dueños de la empresa, Joesley y Wesley Batista, lo grabaron cuando el presidente en ejercicio dio su venia al supuesto soborno.
En caso de que se comprobara con las imágenes de que hubo un acuerdo para que los empresarios le pagaran a Cunha para que no implique a Temer en casos de corrupción, el mandatario habría incurrido en el delito de obstrucción de la justicia, porque perjudicó las investigaciones de la causa Lava Jato.
Imagen de cabecera: EFE
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