El Gobierno siempre lo niega. Es difícil que el Estado reconozca que policías o militares son culpables de las muertes de ciudadanos en protestas sociales. En el caso de Tía María, son tres las víctimas mortales, a causa de disparos. ¿Y quienes son los responsables de esas muertes? ¿Quién jaló el gatillo? Desde el Gobierno están aplicando la estrategia de lavarse las manos e intentar de culpar a los propios manifestantes de las muertes. Hagamos un repaso.
1.- El 23 de marzo se inició la huelga indefinida en la provincia de Islay en protesta contra el proyecto minero Tía María (Southern Copper-Grupo México). Un mes después, el 22 de abril, se acató el paro regional en Arequipa, y murió Victoriano Huayna Nina (61), quien fue impactado por un proyectil tipo AKM, según indicó la necropsia.
foto: la república
Pérez Guadalupe rechazó la posibilidad de que sea un agente policial el que disparó contra esta víctima.
2.- Después de esta muerte y del sembrado de un arma en perjuicio del agricultor Antonio Coasaca, el ministro del Interior dijo que solo se iban a usar bombas lacrimógenas y balas de goma durante las protestas. Pero, como veremos más adelante, esto nunca se cumplió.
3.- El 5 de mayo murió Henry Checlla (35), luego de recibir un impacto de bala durante una protesta contra el proyecto minero Tía María. La respuesta del Gobierno, a través del ministerio del Interior, fue negar, otra vez, que los policías estén usando armas de fuego en la protesta. Pero en las redes sociales se publicaron fotos, las cuales publicamos en un post, en el que podemos ver a efectivos del orden usar sus armas letales.
Fue en este momento en el que el ministro Pérez Guadalupe reforzó su versión de que los policías no mataron a los manifestantes. Luego de la noticia de esta muerte, dijo no se podía afirmar que la muerte de Checlla Chura haya sido responsabilidad de un policía. ¿Entonces quién lo mató?
4.- El 9 de mayo, luego de la muerte de 2 civiles y 1 policía por el conflicto socioambiental por el proyecto minero Tía María (Southern Copper-Grupo México), el Ejecutivo ordenó el envío de 2 mil militares a la provincia de Islay para "ayudar" a los policías a controlar las protestas.
Esto se dio en el contexto de cierre de filas en el Gobierno respecto a la viabilidad del proyecto. A pesar de esto, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dijo que esta medida no respondía a la imposición del proyecto minero.
"La Policía y el Ejército no han entrado a imponer el proyecto minero. Ellos han entrado para restablecer el orden. Se autorizó el ingreso de militares con el fin de asegurar el control y mantenimiento del orden interno, y evitar los actos de violencia que se puedan cometer. Es un apoyo a la Policía", dijo a Canal N.
5.- El 17 de mayo difundimos el video en el que se puede apreciar a un policía usando su pistola de manera descontrolado apuntando a los manifestantes. Estas imágenes estuvieron circulando por las redes sociales y provocaron la indignación de los ciudadanos.
Cuando se le consultó sobre estas imágenes, el ministro Pérez Guadalupe se contradijo. Un mes antes, había dicho que el uso de armas letales no estaba autorizado en su sector. Ante las evidencias de las imágenes no le quedó otra que decir que "la Policía está totalmente autorizada para el uso de armas de fuego de manera racional". "Cuando se van a este tipo de manifestaciones, los que van adelante utilizan armas no letales. En cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, los policías, por supuesto que pueden y deben utilizar sus armas. No es irregular. Esto está normado", intentó explicar.
6.- Luego de la muerte de Ramón Colque Vilva (22 de mayo), las primeras versiones indicaron que perdió la vida víctima de un proyectil disparado por la Policía. Al menos eso se puede concluir después de ver el video.
El cuerpo de Colque Vilca está tirado en el suelo, sangrando y con un orificio de un proyectil en el lado derecho del tórax. Al frente, se ve a un grupo de policías, quienes siguen disparando a pesar que los demás manifestantes y los "Espartambos" les dicen que dejen de hacerlo porque quieren auxiliar al herido. Se ven obligados a dejarlo un momento en medio de la pista, luego vuelven y lo encuentran sin pulso.
Ante estas evidencias, el ministro Pérez Guadalupe negó que la Policía sea responsable de esta muerte y se contradijo, otra vez. Primero afirmó que Colque Vilca había muerto víctima de una pedrada. Luego de que la necropsia confirmara las primeras versiones de que murió por el disparo de un proyectil, el titular del Interior dijo que no era una bala, sino que era un perdigón de cobre recubierto de plomo y que éste tipo de munición no la usan los policías actualmente. Con ello, intentó desviar las miradas que apuntan hacia los efectivos del orden. Sigue tratando de sostener la versión de que fueron los propios manifestantes los que provocaron las muertes.
El Gobierno y el ministro Pérez Guadalupe lo niegan, pero ahí están las evidencias.
- Firma aquí exigiendo investigación y justicia para víctimas en conflicto Tía María.
La situación de Tía María
El viernes pasado, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la provincia de Islay, luego de la muerte de Colque Vilca.
Desde el 23 de marzo, la provincia de Islay se encuentra en paro indefinido en protesta contra el proyecto minero. Para el 27 y 28 de mayo, nueve regiones han convocado a un paro de 48 horas en apoyo al Valle de Tambo.
La situación del proyecto minero Tía María está en modo "pausa". El viernes 15 de mayo, Southern Copper anunció que iba a hacer una pausa de 60 días con Tía María para luego iniciar un diálogo con la población. Antes, Ollanta Humala dio un mensaje a la Nación en el que dijo que no podía ni suspender ni cancelar el proyecto extractivo.
Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Este proyecto tiene estimada una producción de 120 mil toneladas de cobre por año y una inversión de unos 1, 200 millones de dólares para su construcción. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado cuatro años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.
¿Por qué se oponen al proyecto minero?
En el 2009, se presentó el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María y recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS).
En agosto del 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo EIA sobre Tía María, a pesar de la preocupación de la ciudadanía. El Gobierno señaló que se habían subsanados las observaciones, pero los ambientalistas señalan que estas observaciones deben ser levantadas por UNOPS, la misma institución que las realizó.
Otro de los aspectos importantes es que si Tía María se ejecuta, se estará realizando explotación minera a tajo abierto en el Valle de Tambo, una zona dedicada a la agricultura. Los opositores argumentan que el proyecto minero afectará a las producciones agrícolas. Como señala el EIA, la explotación de Tía María será a tajo abierto, un cuestionado método de extracción que utiliza explosivos y deja enormes agujeros en la tierra.
Las armas y ley de la "licencia para matar"
En octubre del año pasado, en Cajamarca, el ciudadano Fidel Flores fue asesinado por un policía al recibir un cartucho de perdigones en un operativo de desalojo de una casa.
La Ley 30151 exime de responsabilidad penal a las fuerzas del orden que, en uso de sus armas, causen lesiones o muerte.
(Foto de portada: Congreso / Heraldo)
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