A diferencia de otras ocasiones, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, no salió a los medios a negar que la Policía haya utilizado armas de fuego durante su intervención en conflictos sociales.

Lo hizo en los casos de Islay y Pichanaki, donde murieron personas por impactos de bala, y quedó mal parado. Esta vez, en La Oroya, las imágenes ciudadanas que circularon por las redes sociales eran irrefutables: un policía apunta y dispara contra manifestantes que piden reactivar el Complejo Metalúrgico de la zona.

Esta mañana, en Canal N,  Pérez Guadalupe se pronunció al respecto:

"Ya se identificó a la persona que no tenía autorización para portar armas por estar en la primera línea de acción. Tenemos el nombre [del efectivo] y ya fue retirado". 

El ministro del Interior anunció que ya se le practicó la prueba de absorción atómica a todos los policías que participaron en los enfrentamientos de ayer con los manifestantes de La Oroya, en los que murió por un disparo en el pecho Edwar Vladimir Soto de la Cruz (41) poblador de la zona, y otras cuatro personas resultaron heridas por impactos de bala.

"Ahora se tiene que determinar si las municiones de su armamento son los causantes de los heridos y del muerto". 

Pérez Guadalupe señaló que la Policía tiene la obligación de mantener el orden interno y desbloquear las vías tomadas por los manifestantes, que impiden el paso de vehículos en cinco puntos de la estratégica Carretera Central, que une la sierra con la costa del país, y por donde llegan los productos que abastecen los mercados de la capital.

“Todos los peruanos tenemos derecho al libre tránsito por el país (…) Esperemos que se retome el diálogo e invoco a los trabajadores a que depongan su medida de fuerza. Nadie quiere más muertos, más heridos. Nadie quiere otra vez un Baguazo ni otro Bosque de Pómac”.

Esta mañana, llegaron los primeros contingentes militares a la zona, para apoyar a la Policía, tal como lo autorizó hoy el Gobierno nacional vía una resolucion suprema.

El paro indefinido en Yauli fue convocado por los trabajadores de Doe Run, quienes piden protección para sus puestos laborales, la declaración del Estado de Emergencia de la ciudad, el retiro de la empresa Profit y la Banca Internacional USB que forman parte del proceso de venta de los activos de la empresa, y una Mesa de Trabajo con los ministerios de Energía y Minas, y Ambiente, el gobernador regional de Junín y el alcalde de La Oroya.

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