El Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en la provincia de Yauli, región Junín, desde hoy hasta el 10 de septiembre, a fin de asegurar el control y mantenimiento del orden interno debido al paro indefinido que acatan la población de La Oroya y los trabajadores de Doe Run Perú desde la medianoche del último martes.
Con dicha disposición, establecida a través de la Resolución Suprema Nº 152-2015-IN publicada en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano, se busca, además, evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer por las movilizaciones y cualquier tipo de acto vandálico.
La disposición precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas constituirá una tarea de apoyo a la misión policial y no releva la activa participación de esta; por lo tanto el control del orden interno continuará a cargo de la Policía Nacional.
Asimismo, se considera que las Fuerzas Armadas contribuirán y garantizarán la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por carreteras, y el derecho a la paz, tranquilidad y adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
La norma, que lleva la rúbrica del presidente Ollanta Humala, y de los ministros de Defensa, Jakke Valakivi, y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, precisa también que las Fuerzas Armadas resguardarán los puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando que los agentes policiales concentren su acción en el control del orden público.
Desde la medianoche del martes, los pobladores de Doe Run y los trabajadores de Doe Run mantienen bloqueados varios tramos de la carretera Central y un enfrentamiento ocurrido en ese contexto ha dejado un muerto y más de 60 heridos, cuatro de ellos de gravedad por impacto de bala, el cual ya es investigado por la Fiscalía.
En el pliego de reclamos de los manifestantes se pide declarar en emergencia la ciudad de La Oroya, así como rechazar el trabajo de la empresa Profit y la Banca Internacional USB en el proceso de venta de los activos de la empresa.
También exigen la protección a los trabajadores de la empresa Doe Run en sus puestos de trabajo con un decreto de urgencia y solicitan una mesa de trabajo con los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de La Oroya.
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Con información y foto de cabecera de Andina
