Este lunes, se dio la noticia de una matanza en el distrito de Vizcatán del Ene (Junín) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona conocida por la ilícita actividad de la producción y tráfico de cocaína. A pesar de que este es un problema nacional desde hace más de diez años, las estadísticas indican que en esta zona apenas se incauta el 0.22% de los insumos químicos para la producción de cocaína incautados a nivel nacional, según un informe del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).
Este informe, publicado en marzo pasado, señala que en el Vraem, que constituye una zona donde se aplica el Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados, se han realizado 71,000 actividades de fiscalización, pero solo se incautaron 42 toneladas de insumos químicos, lo que equivale al 0.22% del total de insumos incautados a nivel nacional.
"Esto demuestra que nos encontramos ante un problema de desvío de grandes proporciones", señala el informe del CIDDH.
De acuerdo con la información disponible para el 2020, se hicieron 168,175 operativos policiales, lo que permitió la incautación de 18,700 toneladas de insumos químicos a nivel nacional.
El informe del CIDDH explica que el control de insumos químicos es una atribución de la SUNAT, que anteriormente se encontraba en manos de la SUNARP. Señala que esto cuenta con legislación específica, el Decreto Legislativo 1126, el cual contiene dos registros: uno para el Control de Bienes Fiscalizados y un Registro de Operaciones. Precisa también que son 33 los productos químicos sujetos a control y 8 en el caso de combustibles. En la SUNAT, indica, hay 4,861 contribuyentes registrados para actividades de importación/exportación y comercialización de insumos químicos y 6,885 establecimientos autorizados.
Al respecto, el CIDDH explica que "existen serias limitaciones para un control abierto por parte del Estado, que se deja en manos de la buena voluntad del contribuyente, pues requiere una enorme infraestructura para controlar y manejar la extensión territorial".
"En nuestro país existe una gran informalidad, particularmente en las zonas de selva alta, lo cual facilita el desvío de tráfico de insumos químicos", señala.
Por otro lado, respecto a la erradicación de los cultivos de coca, el CIDDH señala que se siguen cometiendo los errores de apreciación y falta de evaluación por parte del Estado peruano.
"El Gobierno sigue cumpliendo “en automático” la meta de erradicar 25,000 has anuales (antes Ucayali, ahora Puno) salvo el bajón de la pandemia, pero como observamos, no tienen ningún efecto sobre la tendencia de áreas cultivadas con coca, que sigue en alza. El factor que explica esto es la resiembra permanente por parte de los campesinos", explica el CIDDH.
Además, el CIDDH señala el problema de que las metodologías de medición que usan DEVIDA, la ONU y EEUU difieran, ya que esto provocará resultados distintos y posibles diferencias diplomáticas. En su informe, señala que para DEVIDA (2019), existían 54,655 has de coca distribuidas en las 14 cuencas cocaleras y se producen 400 toneladas de cocaína. Para la Casa Blanca (2020), la cifra era mayor, un aumento de 38% de área cultivada (72,000 has) y de 40% en droga final (705 toneladas de cocaína producidas).
Respecto a los precios, el informe da cuenta de que si bien la tendencia fue a la baja en el primer semestre del 2020, aún es altamente rentable lo que pagan los narcotraficantes: 6.50 soles cada kilo de hoja de coca, 1,935 soles cada kilo de pasta base y 4,130 soles cada kilo de clorhidrato de cocaína.
Ante la última matanza en el Vraem, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, anunció, este lunes, que se está reforzando la presencia de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en la zona para garantizar la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el domingo 6 de junio.
[Foto de portada: Andina]
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