Post: Sánchez: Gobiernos de los últimos cuarenta años no han garantizado los derechos de los trabajadores

En los últimos cuarenta años, los distintos gobiernos de Perú han tenido una actitud sistemática de desproteger los derechos de trabajadores y trabajadoras, señaló Christian Sánchez, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

En entrevista con LaMula.pe, Sánchez recuerda que en la historia reciente, se han tomado decisiones políticas en materia de trabajo de manera unilateral sin el diálogo entre las partes, que en este caso son trabajadores, empleadores y Estado.

"En los últimos cuarenta años, incluyendo los orígenes de la legislación laboral que hasta ahora nos gobierna, hemos visto una impronta dictatorial, normas nacidas de la imposición a los trabajadores y sus organizaciones, y no nacidas de un diálogo social", señala el abogado especialista en derechos laborales.

Ese espacio institucional para el diálogo en asuntos laborales es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), donde gremios empresariales y sindicatos, junto a representantes del Estado, deberían llegar a consensos. Sin embargo, Sánchez señala que el propio Estado se ha encargado de deslegitimar al CNTPE.

"El gobierno actual, fiel a la tradición de los anteriores gobiernos, salvo excepciones como Paniagua, se encargaron de deslegitimar el diálogo social. Se critica mucho al Consejo de no no llegar a acuerdos, pero se olvida que, entre el 2007 hasta el 2010, durante el gobierno de Alan García, se debatió la Ley General de Trabajo, se llegó a un consenso, se derivó al Congreso y este ni siquiera lo tomó en cuenta, se despreció el diálogo social", recuerda.

"Hay antecedentes históricos de cómo se ha venido actuando desde el poder frente a los derechos sociales, es un dato objetivo que no solo abarca al periodo del fujimorismo, sino también a varios gobiernos supuestamente de la primavera democrática que vivimos a partir del 2001, que salvo excepciones, han tenido una actitud sistemática de desproteger, no fomentar y no garantizar los derechos de los y las trabajadoras", agrega Sánchez.

Una crisis sistémica

Como señalamos anteriormente, el CNTPE se encuentra actualmente inactivo. Su último rol fue tras las protestas contra el Régimen Laboral Agrario, pero en este espacio de diálogo se notó también el grave problema de la falta de sindicatos y representatividad. Esta y otras situaciones son señales de una crisis sistémica y requiere una reforma integral, señala Sánchez.

"Hay que hacer propuestas que den soluciones conjuntas y coherentes. No se pueden analizar los problemas de manera aislada, no es la CTS por un lado y las AFP por otro. La situación es tan grave que no requiere de soluciones aisladas, hay que poner todas las piezas sobre la mesa y armar un todo coherente. Y esto merece una reforma de las instituciones individuales, colectivas, del seguro social en salud y pensiones. Todo ese rompecabezas debe ser reconfigurado a partir de un proceso de diálogo", agrega.

Para el exministro Sánchez, en los últimos años se han tomado medidas aisladas, incoherentes e inconexas. Como ejemplo, mencionó el caso de los regímenes especiales discriminatorios.

"Basados en interpretaciones absurdas del principio de igualdad, del mandato de no discriminación, sin buenas razones jurídicas para tratar de manera diferente a trabajadores que hacen lo mismo por el tamaño de empresa, los regímenes especiales son un modelo que ha fracasado porque las microempresas siguen ostentando niveles de informalidad laboral de 90%, eso quiere decir que 9 de cada 10 trabajadores son informales en la microempresa, a pesar de tener un régimen laboral con menos derechos. Ese modelo ha fracasado", señala el abogado.

En busca de un pacto

En un contexto de segunda vuelta electoral, el tema laboral es el gran ausente en las discusiones sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre). Por la crisis antes señalada, Sánchez propone reactivar el diálogo social.

"Se necesita un nuevo gran pacto sociolaboral y, para ello, se tienen que abordar reformas sistémicas, no solo parciales. Los problemas en las relaciones de trabajo, regulación laboral y en materia de derecho colectivo, deben ser abordados de manera integral, conectándolos con la seguridad social en salud y pensiones. Y el punto de partida debe ser un espacio de diálogo, que lo dote de legitimidad", dice el exministro.

Este diálogo se daría en el CNTPE y lo consensuado debería ir al Poder Legislativo para que alcance también el consenso político, explica el exministro.

La herencia fujimorista

Sánchez señala que hace falta una visión de consensos y diálogo, principios democráticos que el fujimorismo ha demostrado no compartir.

"Creo que el fujimorismo ha dado cuenta de todo lo contrario, de la negación de los espacios de diálogo, de la defensa cerrada de una legislación que ya se agotó, que merece una revisión por su incompatibilidad con la Constitución de 1993 y mandatos como el de fomento a la negociación colectiva, que han sido traicionados", resalta el exministro.

La inestabilidad y la informalidad laboral que actualmente afecta al Perú, y que se ha visto agravada por la pandemia, es causa de las políticas laborales de los años noventa, recuerda Sánchez. En ese sentido, la generación de empleo temporal que proponen los candidatos presidenciales no puede ser la única opción para reactivar la económica con derechos.

"Si hay algunas de las partes que se caracteriza por la defensa del trabajo temporal es el fujimorismo. El fujimorismo promovió el Decreto Legislativo 728 tras la irrupción de la inestabilidad democrática en los noventa. La democracia se quebró el 5 de abril de 1992 y luego nace la ley de relaciones colectivas. El Decreto Legislativo no fue producto del diálogo, ahí está su huella de ilegitimidad social. Se hizo en un contexto represor de los sindicatos", señala Sánchez.

"Estamos pagando las consecuencias de esas políticas del fujimorismo y que ha provocado un desastre en las relaciones de trabajo en el país, incumpliendo la propia Constitución de 1993 y las obligaciones que el Estado peruano ha ratificado a nivel internacional. Es un tema de derechos fundamentales", agrega el exministro.

Por otro lado, esa manera de entender las relaciones de trabajo, no solo es característico de los simpatizantes del fujimorismo.

"Se señala al fujimorismo, pero muchos gobiernos democráticos que cuestionaban al fujimorismo, terminaron también aceptando esos principios de las reformas laborales de los noventa. En los hechos, por ejemplo, hay quienes cuestionan algunos aspectos del fujimorismo, pero apoyan al régimen agrario que discrimina a los trabajadores con menos derechos. Esa es una incoherencia", señala el abogado.

pedro huilca, uno de los líderes sindicales más influyentes del siglo xx. fue asesinado en diciembre de 1992 / foto: andina

¿Por qué hay tan pocos sindicatos?

La pandemia por la covid-19 nos ha demostrado que, en las relaciones de trabajo, no hay organización de los trabajadores, lo que dificulta la implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo adecuados. En Perú, apenas 5% del total de trabajadores están organizados en sindicatos. ¿A qué se debe esto? Sánchez menciona el caso del sector agrario, donde se abusa de los contratos temporales, lo que es un desincentivo para la sindicalización.

También hay un factor cultural que debemos considerar para explicar este fenómeno, señala el abogado especialista en derechos laborales.

"Hay posturas economicistas cerradas. Se pretende observar una realidad compleja desde postulados económicos que a veces son bastante cuestionables en términos jurídicos y morales. Si no vamos a aceptar que existen los sindicatos y hay que garantizarlos, y que debemos promover la negociación colectiva porque son principios básicos de la convivencia social en un mundo capitalista, que cree también en un trabajo libre y con derechos, pues, entonces ¿a qué consensos mínimos podemos llegar? Estaríamos hablando de que se están cuestionando los mínimos", cuestiona el exministro.

"Hay una cuestión cultural que ve como patológico el conflicto de trabajo y ve al sindicato como si fuera un fantasma o un platillo volador aterrizando en el Centro de Lima. Y no son cuestiones extraterrestres, son cuestiones de derechos humanos en un mundo en el que se acepta que sí los hay por el lado de la propiedad, de la libertad de empresa, pero no se acepta que sí los puede haber también por el lado de la libertad sindical o el derecho de los trabajadores a organizarse para defender sus intereses", agrega Sánchez.

Esto coincide también con el hecho de que, en Perú, el Estado no promueva el diálogo sociolaboral, a pesar de que tenemos ejemplos de que sí se puede llegar a consensos, como al que se llegó sobre el mecanismo para calcular la remuneración mínima vital, que se aprobó en el CNTPE, pero que luego tanto el Congreso como el Ejecutivo no apoyaron.

"No se puede fortalecer aquello en los que, por otra parte, se esfuerza en debilitar. Hay actos antisindicales que el Estado debe reprimir a través de la inspección o del mismo Poder Judicial, que también merece una reforma de la garantía procesal de los derechos de los trabajadores", dice el exministro.

Lamentablemente, hay "un conjunto de ideas autoritarias" que se aceptan comúnmente en el mundo de las relaciones de trabajo, pero que en otros espacios no se aceptarían, señala Sánchez.

"Pero cuando se trata de la libertad sindical, se trata de constreñirla y algunos de eliminarla. Eso es preocupante. Hay partidos que se dicen liberales pero varios de sus representantes votaron por la perpetuación del régimen agrario y se dicen liberales. Allí hay un problema", afirma.

Como en los noventa

A inicios de diciembre del 2018, Sánchez renunció al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tras ocho meses en el cargo y diferencias con la reforma laboral que pretendía impulsar el expresidente Martín Vizcarra sin respetar el diálogo social. También ha sido Director General de Trabajo. Con esa experiencia, conoce de cerca los problemas por los que la autoridad parece tan ineficiente para cumplir su función de garantizar el respeto a los trabajadores.

"Hemos tenido un debilitamiento de la autoridad administrativa de trabajo a lo largo de los años como efecto de las políticas de los años noventa. Tenemos un Ministerio de Trabajo, como ente rector a nivel nacional, con un presupuesto disminuido y un sistema de inspección languideciendo, donde hay incluso conflictos entre inspectores y la Sunafil, con un despliegue territorial mínimo, sin recursos adecuados y sin una política salarial que incentive una carrera", señala.

"Con el debilitamiento presupuestal, la autoridad de trabajo ha cedido en su capacidad de investigar, de poner evidencia empírica, acumularla para el debate y confrontar las ideas. También tenemos el debilitamiento del Estado como mandante ante la asamblea de la OIT en los compromisos internacionales que ha asumido. Esto es consecuencia de la política de los noventa y cómo se vio el papel de los Ministerios de Trabajo en aquel entonces, que eran y siguen siendo subordinados de los principios económicos", explica.