En las regiones Ica y La Libertad, la represión policial preocupa por posibles actos que constituyan violaciones a los derechos humanos en un contexto de protesta social. Mientras en el Congreso todavía no se ponen de acuerdo sobre cifras exactas de jornales y el cómo se van a pagar los beneficios laborales, el Poder Ejecutivo sigue sin promover el diálogo entre las partes.
Para llegar a acuerdos en este tipo de conflictos, hay espacios de diálogo institucional que, lamentablemente, no están activos. En Perú existe el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), "un mecanismo de diálogo social y concertación laboral" del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Ahí, se supone, deberían dialogar, debatir y acordar trabajadores, empleadores y autoridades temas de índole laboral.
De acuerdo al MTPE, el CNTPE tiene "por objeto la concertación de políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y capacitación laboral, y de protección social para el desarrollo nacional y regional".
"El CNTPE integra a las organizaciones sindicales y gremios empresariales más representativos del país, así como funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y representantes de las organizaciones sociales vinculadas al Sector Trabajo", precisa la cartera.
Sin embargo, en medio de un conflicto laboral como el que está ocurriendo en el sector agrario, dicho espacio se mantiene desactivado.
Además, sobre el sector agrario, el Convenio 99 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre salarios mínimos en el sector agrario. Este tratado, ratificado por Perú en 1960, señala que los Estados se obligan a "establecer o a conservar métodos adecuados que permitan fijar tasas mínimas de salarios para los trabajadores empleados en las empresas agrícolas y en ocupaciones afines".
Al respecto, en el 2012, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT llamó la atención del Estado por los reportes de que el Estado peruano no consulte sobre los salarios mínimos con los trabajadores y que el régimen laboral agrario no ha sido tomado en cuenta en el CNTPE, el espacio de diálogo tripartito antes mencionado. En ese sentido, los expertos de la OIT recordaron también el Convenio 144 que establece la obligación de realizar consultas tripartitas.
Esta sería una de las formas de resolver el conflicto socio-laboral que actualmente afecta a la costa peruana. Pero, ¿de quién es responsabilidad? El exministro de Trabajo, Christian Sánchez, explica que el CNTPE está dentro del Ministerio de Trabajo, por lo que es responsabilidad del Poder Ejecutivo que actualmente no exista una Comisión Tripartita que posibilite acuerdos y mejore las relaciones laborales en el sector agrario. Para ello, señala el exministro Sánchez, sería necesaria una ley que institucionalice la Comisión Tripartita para fijar salarios mínimos en el sector agrario.
En su Propuesta de Ley del Trabajador/a Agrario, el exministro Sánchez, el exviceministro Fernando Cuadros, y los abogados Guillermo Miranda y Jaime Sánchez, señalaron la necesidad de crear, dentro de la estructura del CNTPE, una "Comisión de Trabajo y Remuneración Mínima Agrícola", donde trabajadores y empleadores deberán participar en la aprobación y aplicación de los métodos para acordar salarios mínimos en el sector.
"La Comisión de Trabajo y Remuneración Mínima Agrícola determinará la lista de actividades permanentes y temporales agrarias a nivel nacional o regional, las necesidades de capacitación laboral de los trabajadores agrarios, entre otros aspectos que se establecerán en el reglamento de la presente ley", señala la propuesta.
Recordemos que el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) se encuentra inactivo tras el conflicto que se produjo por la falta de consulta y diálogo sobre el Plan de Competitividad y Productividad aprobado durante el gobierno de Martín Vizcarra y la exministra Sylvia Cáceres, aprobado en diciembre del 2018. También en los últimos días del 2019, dicha gestión prorrogó el antiguo Régimen Laboral Agrario hasta el 2031. Ambas medidas se tomaron sin consulta y sin diálogo con representantes de los trabajadores.
[Foto de portada: Andina]
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