Este miércoles 11 de noviembre se cumplía el plazo para que el Congreso de la República remita sus descargos ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial por "permanente incapacidad moral"presentada por el Poder Ejecutivo el pasado mes de setiembre, cuando se buscaba destituir por primera vez a Martín Vizcarra del máximo cargo de la Nación por el caso 'Richard Swing'. 

Fuentes del TC confirmaron a La Mula que este martes el Parlamento intentó hacer llegar su respuesta al local de la institución en Jirón Ancash, Cercado de Lima. Sin embargo, esto fue imposible al cierre de avenidas por la protestas ciudadanas como consecuencia de la juramentación de Manuel Merino de Lama como nuevo jefe de Estado tras la vacancia aprobada el Pleno del Congreso contra Martín Vizcarra.

Marianella Ledesma, presidenta del TC, comunicó este hecho a los demás miembros de la institución y quedó pendiente la entrega del documento a cada uno de ellos. Esto quiere decir, según explicaron las fuentes consultadas, que a partir de este miércoles Ledesma, como ponente del caso, ya podría convocar en 15 días a audiencia a los implicados (representantes del Legislativo y Ejecutivo) y, en 15 días hábiles posteriores, emitir una resolución que podría deslegitimar todo acto del nuevo Gobierno.

Durante la sesión de este martes, el pleno del TC también rechazó una propuesta para realizar un pronunciamiento público por la incertidumbre que ha generado este escenario poco claro para todos los peruanos. La Mula pudo conocer que la solicitud fue rechazada con tres votos a favor y 4 en contra. Los magistrados que apoyaron el pedido fueron Marianella Ledesma, Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos. Mientras que Ernesto Blume, Manuel Miranda, José Luis Sardón y Augusto Ferrero se opusieron a la propuesta en debate.

El primer y segundo intento

En la sesión del Pleno del Congreso sobre el caso 'Richard Swing' no se obtuvieron los votos necesarios (87) para lograr la vacancia de Vizcarra a la presidencia de la República. Sin embargo, quedó pendiente la resolución de la demanda competencial por parte del TC. La medida del Ejecutivo fue admitida el 17 de setiembre con 6 votos a favor y 1 en contra, el del magistrado Ernesto Blume. También se designó a Marianella Ledesma, titular de la institución, como  ponente del caso.

En aquel  entonces el pleno del TC también se decidió rechazar la medida cautelar presentada el Ejecutivo con 5 votos a favor y 2 en contra. Este recurso buscaba paralizar el trámite parlamentario de vacancia contra Martín Vizcarra por la causal de incapacidad moral permanente. Además, con 4 votos en contra y 3 a favor, se denegó la propuesta de elevar el número de votos mínimos en el Congreso para la vacancia de 87 a 104.

Poco menos de dos meses después del primer intento, el Parlamento, presidido por el Manuel Merino de Lama, logró conseguir los 87 votos para vacar a Martín Vizcarra de la presidencia de la República. Esta vez, por los presuntos sobornos qu habría recibido de las empresas Obrainsa e ICCGSA por la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente, cuando fue gobernador regional.

La demanda competencial 

El Ejecutivo sostiene, principalmente, que el Congreso ha usado, mediante la Moción de Orden del Día N° 12090, la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral de manera indebida; esto a raíz de que lo está utilizando como un mecanismo de control político, el cual lo extrapola de los fines para la cual fue prevista.

En ese sentido, sostiene que “la causal de incapacidad moral no puede ser empleada por el Congreso de la República como un mecanismo de control político del Poder Ejecutivo y como una vía para impedir la continuidad del mandato presidencial de cinco años, forzando una sucesión presidencial. No puede ser empleada para evaluar acciones u omisiones del presidente de la República durante el periodo de Gobierno. Hacerlo implicaría desnaturalizar los fundamentos de la vacancia”.

Asimismo, sobre el uso indebido de la competencia del Congreso respecto a la vacancia por permanente incapacidad moral, la demanda señala que esta “no se sustenta en algún hecho objetivo que le impida al presidente continuar ejerciendo sus funciones. Por el contrario, se basa en argumentos sujetos a debate e interpretación, tanto desde un punto de vista jurídico como político. El texto de la moción (...) evidencia una intención del Congreso de emplear la vacancia como un mecanismo para ejercer control político respecto al presidente e impedir la culminación del periodo presidencial”.

El abogado constitucionalista Omar Cairo explicó en diálogo con La Mula que la resolución que emita el Tribunal Constitucional no será retroactiva debido a que el presidente Martín Vizcarra no presentó una medida cautelar ni demanda competencial sobre el segundo pedido de vacancia presidencial referido a los supuesto sobornos que habría recibido en su etapa de gobernado regional de Moquegua.

"El TC resolverá en base los presentando en el primer pedido de vacancia, por lo que no tendrá ningún efecto que retrotraiga lo ocurrido el lunes en el Congreso. Si Vizcarra hubiese presentado una medida cautelar sobre este caso especifico estaríamos a la espera de otro desenlace que claramente no se dará", afirmó Cairo. 

El también constitucionalista Pedro Grandez coincidió en que la única expectativa que se tiene respecto a la resolución del TC concierne al artículo 113 inciso 2 de la Constitución, referente a la permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. "El Tribunal Constitucional zanjará el tema sobre el artículo 113 para que de aquí en adelante, si resuelve a favor de la demanda competencial, quede deslegitimado el Gobierno, otorgando facultades a la sociedad civil y abriendo la posibilidad de futuras denuncias constitucionales a los que asuman cargos en el Ejecutivo", afirmó Grandez. 

A un día de haber dejado Palacio de Gobierno, el exmandatario Martín Vizcarra  dijo sentir preocupación porque el congresista Manuel Merino de Lama asumió el máximo cargo de la Nación sin contar con una legalidad y legitimidad correspondiente. “Tengo la preocupación como la tiene muchos peruanos, porque una autoridad para poder ejercer su autoridades necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad. La legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó y la legitimidad la da el pueblo. Entonces una autoridad que no tenga legalidad definida y legitimidad de respaldo, genera preocupación”, declaró a la prensa en la mañana de este martes.

(Foto: Andina)

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