Este nuevo intento de vacar al presidente Martín Vizcarra se presenta maquillada por el interés de alzar la bandera de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, todo hace indicar que el plan viene siendo orquestado desde el penal Ancón 2. Allí donde Antauro Humala, condenado a 25 años de prisión por el delito homicidio calificado y secuestro, viene coordinando con cinco congresistas de Unión por el Perú (UPP) acciones de carácter político, según reveló Perú21.

La presidenta del Instituto Nacional Penitenciario, Susana Silva Hasembank, confirmó que los congresistas Jim Mamani, Rubén Ramos, Javier Mendoza, José Vega e Isabel Bartolo Romero visitaron al etnocacerista y mantuvieron estas conversaciones en medio del nuevo proceso de vacancia presidencial-

“En el caso de determinadas autoridades, existe una prerrogativa constitucional que garantiza que puedan ingresar cualquier día de la semana a cualquier hora a un establecimiento público, en este caso, un establecimiento penal. Muchos congresistas han ingresado para fiscalizar. Lo que dice la norma es que pueden ingresar en ejercicio de sus funciones”, precisó Silva Hasembank.

“Estos congresistas ingresando con fines de fiscalización han aprovechado para tener conversaciones de naturaleza política, que tampoco está permitido”, añadió.

Asimismo, informó que conoce sobre las comunicaciones que ha mantenido con Carlos Reppeto, integrante del Frente Patriótico. En ese sentido, Susana Silva dio a conocer que Antauro Humala estuvo realizando llamadas en las que se trataban temas de política. Incluso, un día antes de que se presente la primera moción de vacancia, el etnocacerista mantuvo comunicaciones. “Se ha determinado que uno de los internos del penal Ancón II, específicamente el señor Antauro Humala, habría sostenido conversaciones telefónicas de naturaleza política (...). El 10 de setiembre hubo este tipo de comunicaciones y ya está en proceso una investigación", aseveró la titular del INPE.

Sobre estos hecho, Manuel Merino de Lama, titular del Congreso de la República, negó haber mantenido conversaciones con Antauro Humala para coordinar la nueva moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, que fue presentada por la bancada de Unión por el Perú el pasado 20 de octubre.  “Descarto cualquier nivel de conversación con el señor Antauro Humala. Nos preocupa el silencio de la ministra de Justicia. ¿Cómo una persona que está presa viene dando declaraciones públicas, pretendiendo desviar un tema de corrupción que está en investigación?”, declaró a la prensa.

Merino agregó que, respecto a las comunicaciones que entabló Humala Tasso y las visitas que recibió de algunos congresistas, tanto la jefa del INPE y la titular de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, deben dar explicaciones por la situación de los reos. “Llamamos profundamente a la responsabilidad que pueda tener la ministra de Justicia para que pueda tomar las medidas de los hechos que vienen sucediendo en los penales del país”, resaltó.

 Asimismo, descartó tener relación alguna con la segunda moción que busca destituir a Vizcarra. Señaló que son los parlamentarios quienes impulsan esta iniciativa. “Debo precisar que no es la vacancia de la presidencia de la República puesta por el presidente del Congreso. Son los grupos políticos que están presentando el segundo proceso de vacancia que, circunstancialmente, compromete al presidente”, sostuvo.

Fuentes consultadas por La República advirtieron que, de lograrse la vacancia a Vizcarra, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, de Acción Popular, tomará el gobierno para inmediatamente postergar las elecciones hasta abril del 2022 y ampliar la vigencia de la actual representación al Congreso por dos años más. Asimismo, buscarán una nueva composición del Tribunal Constitucional a fin de evitar que se neutralice cualquier medida legislativa y del nuevo Ejecutivo. Además, promoverán la reestructuración del Ministerio Público para poner un nuevo fiscal de la Nación que revise las denuncias a los “luchadores contra la corrupción y la democracia”.

Otro beneficiado en este escenario sería Edgar Alarcón Tejada, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien enfrenta graves denuncias penales de corrupción en su paso por la Contraloría General de la República. Lo que le espera, al dejar el Congreso, son pedidos de prisión preventiva, varios juicios y probables condenas de pena de prisión efectiva. Por ello, la postergación de las elecciones le asegurarían una mayor permanencia en el Congreso y la posibilidad de generar alguna alianza política que le permita neutralizar el accionar de los fiscales y lograr una revisión de sus casos.

Al respecto, Merino indicó que, luego de la semana de representación, convocarán a la Comisión Permanente y al Consejo Directivo para evaluar las denuncias en contra del parlamentario Edgar Alarcón. “Primero descartamos cualquier tipo de blindaje; ayer en la Junta de Portavoces decidimos convocar a la Comisión Permanente y al Consejo Directivo para la semana subsiguiente a la semana de representación y si no lo hemos convocado antes es por los tiempos. Eso perfectamente lo saben los parlamentarios”, precisó el titular del Parlamento.

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