Una vez más se sale con la suya. La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso que se archive la investigación a Pedro Chávarry por el deslacrado ilegal de oficinas del Ministerio Público, pese a las pruebas y testimonios que sindicaban al aún fiscal supremo 

El fiscal Reynaldo Abia, a cargo de la pesquisa, decidió también que no continúe la investigación preparatoria contra del resto de involucrados Rosa Venegas, Aldo León Patiño, Juan Manuel Duarte, Max Ulises Aranda, Juan Esteban Asmat, César Sandoval Pozo, Arturo Benavente Días y Marco Antonio Elaluf Chinchay. 

Todos eran indagados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, que se habría cometido el 5 de enero de este año, cuando Venegas, entonces asesora de Pedro Chávarry, ingresó a una oficina previamente lacrada por el fiscal José Domingo Pérez.  

Fuente: El comercio

Luego la misma Venegas admitió, durante las pesquisas, que ingresó por orden de  Chávarry. Los escoltas del exfiscal de la Nación también declararon que cumplían órdenes superiores. A ello se suma las imágenes de las cámaras de seguridad de la central del Ministerio Público, que captaron a Chávarry en el lugar el mismo día en que se violentaron las oficinas lacradas.

Abia notificó de su decisión a la mesa de partes de las fiscalías provinciales de Lima. Sin embargo, en el oficio consignó que hay "indicios que corroborarían que en el hecho acontecido el 5 de enero del 2019 se habrían cometido los delitos de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad, y encubrimiento real, por lo que, en este extremo deberá ser el fiscal provincial penal común competente quien se pronuncie conforme a sus atribuciones".

Además, el documento, que cita El Comercio, agrega que los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) Gloria Portocarrero Servana y Anthony Andía Fernández habrían cometido el delito de omisión de actos funcionales al no haber supervisado el lacrado de los espacios que iban a ser allanados.

Por este caso, el fujimorismo blindó a Chávarry en la Comisión Permanente del Congreso disuelto. Según el equipo especial, los cómplices del fiscal supremo sustrajeron documentación que lo relacionaba a Keiko Fujimori y a su partido. A cambio, el fiscal supremo ha tratado de boicotear la investigación por lavado de activos contra la jefa de Fuerza Popular del equipo especial Lava Jato.

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