A través de una disposición de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se ha solicitado al Oficial Mayor del disuelto Congreso de la República que remita los documentos, actas de votación y videos de la sesión plenaria del 30 de setiembre en la que se puso a consideración las candidaturas de los abogados Gonzalo Ortiz de Zevallos y Manuel Sánchez Palacios Paiva, para integrar el Tribunal Constitucional (TC). 

Según información de El Comercio, Ávalos consideró necesaria dicha información con la finalidad de proceder a la calificación de la denuncia que presentó la exparlamentaria del Frente Amplio María Elena Foronda, quien acusó que su voto fue suplantado durante la votación para aprobar la postulación de Ortiz de Zevallos.

“En ese sentido, si bien la denuncia es interpuesta ‘contra los que resulten responsables’, este despacho estima que tratándose de votaciones de Congresistas ocurrido en un recinto parlamentario; sesión dirigida por el presidente del Congreso; los eventuales hechos con contenido penal que se podrían determinar podrían ser atribuidos a dichos altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio; por lo tanto, sería de competencia de este despacho”, indica el documento.

Con la finalidad de que su despacho pueda realizar una adecuada calificación de los hechos y emitir la disposición que corresponde, la titular del Ministerio Público precisó que “resulta necesario contar con información de calidad, para lo cual es menester efectuar una corroboración mínima de los hechos puestos en conocimiento de este despacho”.

“El Tribunal Constitucional ha establecido que el respeto al principio de legalidad también implica que el Ministerio Público al ejercitar la acción penal por todo hecho que revista los caracteres de un delito, no pierda de vista que su labor se ejecuta en función de la justicia y teniendo como parámetros a la Constitución y a la Ley; por tanto, al realizar la calificación de la denuncia corresponde al representante del Ministerio Público establecer preliminarmente si el hecho denunciado tiene contenido penal y que la acción penal no ha prescrito”, consideró la fiscal Zoraida Ávalos.

Esa es la razón por la que Ávalos requirió copias certificadas y/o fedateadas de las Actas de Votación de fecha 30 de setiembre de 2019, llevada a cabo en la sesión plenaria del Congreso de la República, en las cuales se registraron los votos de los parlamentarios, respecto a la elección de ambos candidatos. “Ello, a efectos de establecer si los hechos descritos por la recurrente tendrían relevancia penal que amerite el inicio de una investigación preliminar que posibilite o sustente razonadamente la respectiva formulación de cargos o, por el contrario, el archivo de los antecedentes”, señala. 

María Elena Foronda manifestó en reiteradas ocasiones que, pese a permanecer alejada de su escaño el día de la elección, la votación electrónica registró que su votación había sido de color “verde”. Es decir, a favor de la elección de Gonzalo Ortíz de Zevallos Olaechea. Mientras que en el caso de Sánchez Palacios Paiva, se registró su voto en “ámbar”. 

Como se recuerda, aquel día, Ortiz de Zevallos Olaechea obtuvo 87 votos a su favor, logrando el mínimo para ser electo como magistrado del TC. De imnediato Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, aseguró que la votación de Foronda fue anulada y que los 87 votos obtenidos por su primo hermano, se alcanzaron con el voto de la fujimorista Yeni Vilatoma. 

El pedido de la fiscal de la Nación se conoce a dos días de que el Pleno del Tribunal Constitucional decida si incorporan a Gonzalo Ortiz de Zevallos y y del inicio del debate sobre la admisión de la demanda competencial que Pedro Olaechea presentó contra la disolución del Parlamento.

En la previa, se conoció que el magistrado Carlos Ramos Núñez decidió suspender su participación en un evento académico en España, agendado con anticipación, para estar presente en el pleno del Tribunal Constitucional (TC) convocado para este jueves. Con esto, los siete integrantes del máximo interprete de la Constitución decidirán este jueves sobre ambos casos antes mencionados. 

Según informó La República, Ramos Núñez habría tomado esta decisión para evitar cualquier posibilidad de que no acepten el voto que iba a dejar en sobre cerrado, tal como había anticipado este lunes. Existe un precedente de un escenario similar, cuando en abril del año pasado se deliberó sobre el habeas corpus para que se deje sin efecto la prisión preventiva el expresidente Ollanta Humala.

(Foto de cabecera: Andina)

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