Contraatacan. Las últimas revelaciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, parecen haber puesto en alerta a más de un posible implicado en el caso de corrupción más grande del país. Esta vez han tomado como excusa una supuesta infracción administrativa del fiscal José Domingo Pérez para que la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lima del Ministerio Público le inicie un proceso disciplinario por 60 días, debido a algunas declaraciones que brindó en diferentes medios de comunicación. 

Según la ODCI, la carrera fiscal establece ciertas prohibiciones para el ejercicio de la función. Entre ellas se encuentra que los fiscales están restringidos de participar en política, sindicarse, declarar en huelga, entre otros. “Solicitar al fiscal cuestionado, un informe de descargo sobre los hechos descritos dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado y, en caso de incumplimiento, se le declarará rebelde”, se lee en el documento.

La medida se adoptó luego de la entrevista que José Domingo Pérez brindó al El Comercio y que fue publicada el 11 de agosto. El fiscal superior Luis Alberto Germaná Matta, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, solicitó los descargos del miembro del Equipo Especial Lava Jato en un "plazo máximo de 5 días" tras ser notificado y advirtió que, de no hacerlo, se le declarará "rebelde".

En esa entrevista, el fiscal afirmó que "si se ataca lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta". También, dijo que espera que se pueda solucionar la controversia por solicitud de reembolso de Odebrecht por venta de Chaglla. La resolución refiere que José Domingo Pérez también dio una entrevista a Canal N en su condición de fiscal provincial integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, pese a que en la misma precisó que iba a dar una "posición como ciudadano".

En el documento, el fiscal Germaná cuestiona en especial la siguiente respuesta de Pérez durante la entrevista a El Comercio: "De no lograr la condena de estos crímenes de corrupción, quienes nos vemos perjudicados somos los ciudadanos. Para mí estamos en un momento decisivo [...] si se ataca lo que se ha avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta".

"Para este despacho se trata de declaraciones de contenido político que deberían ser ajenas y extrañas a la función fiscal, pues van más allá de poder ser consideradas como parte del ejercicio del derecho fundamental de opinión", afirma como argumento el fiscal de Control Interno.

Según la resolución de Control Interno, fechada el 15 de agosto, constituye una infracción administrativa el "comportamiento indebido que, sin ser delito, resulte contrario a los deberes y prohibiciones de los magistrados". "(José Domingo Pérez) se ha integrado voluntariamente en una relación de sujeción especial, que tiene como consecuencia la exigencia de deberes y prohibiciones especiales, así como de tipos sancionadores establecidos legalmente, que incluso limitan sus derechos", indicó el documento sobre las funciones de un fiscal.

Como se recuerda, durante la gestión del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vera, acusó que Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público le abrió 18 procesos disciplinarios contra el José Domingo Pérez con el objetivo de obstaculizar las investigaciones. 

(Foto de cabecera: Andina)

Notas relacionadas: