No son antimineros y no solo son críticos con el desempeño ambiental de las empresas y el descuido del Estado, sino que proponen una salida. Una semana antes del Mensaje a la Nación y en el contexto de protestas contra el proyecto Tía María de Southern Copper en Arequipa, los gobernadores regionales del sur anunciaron una propuesta para elaborar una nueva ley de minería.
La Ley General de Minería data de 1992, cuando Alberto Fujimori era presidente y Jaime Yoshiyama era ministro de Energía y Minas. En ese año, el gobierno aprobó el Texto Único Ordenado (TUO) de la ley a través del Decreto Supremo N° 014-92-EM con un marco legal de 1981. Como recuerda Cooperacción, esta ley minera "estuvo enmarcada en lo que el Banco Mundial (BM) definió como las políticas de ajuste sectorial", cuyo objetivo era "apoyar los cambios institucionales y de políticas necesarios para crear lo que para este organismo era un ambiente propicio para el fomento de inversiones privadas en determinados sectores productivos".
"De esta manera, el ajuste sectorial llegó a actividades productivas, como es el caso de la minería metálica, el gas y el petróleo. Según el propio BM, más de cien países, desde inicios de la década del 1990, implementaron reformas sustantivas de su legislación minera".
Lo que decía el BM en ese entonces era que:
“[...] las industrias extractivas son importantes para el crecimiento económico de los países en desarrollo porque generan rentas y empleo y actúan como un activador de desarrollo infraestructural, educación, capacitación y actividad empresarial. Las enormes rentas para el gobierno apoyan otras actividades de desarrollo”.
Además, sostenía que las actividades extractivas podían "contribuir al desarrollo sostenible y a la mitigación a la pobreza”. Pero estamos hablando de análisis de hace más de 30 años, por lo que el propio BM ha revisado estos planteamientos.
Esta es la lógica que parecen seguir las autoridades regionales de Cusco, Arequipa, Madre de Dios y Tacna, que se pronunciaron e informaron que estaban preparando una nueva ley de minería. Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, señaló que la ley de Fujimori "está mal dada" y que habló con las demás autoridades para exigir una nueva ley con "permiso ambiental y permiso social de las comunidades campesinas". La autoridad arequipeña también criticó los miles de millones de soles que el Estado peruano le devuelve a las mineras en impuestos. “¿Cómo es posible que solo paguen el 2% y se les devuelve 15 mil millones?”, se cuestionó.
Días después, en su Mensaje a la Nación, al parecer recogiendo esta propuesta, el presidente Martín Vizcarra anunció que presentará un proyecto para una nueva Ley General de Minería. El mandatario afirmó que "la minería es un sector sumamente importante" para el Perú.
"Sin embargo la norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla para que se adecue a nuestra realidad, brindando un marco claro a los inversionistas y dando tranquilidad y desarrollo para todos, por eso propondremos el proyecto para una Nueva Ley General de Minería”, dijo.
“Esta semana se terminó el cierre de la unidad minera Arani en Puno, ésta no podrá seguir operando, vamos a garantizar el respeto por las personas y el medio ambiente”, agregó.
Representantes del gremio empresarial reaccionaron casi de inmediato. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, se mostró en contra. Afirmó que una nueva ley de minería "va a generar más preocupación a los inversionistas".
"Lo que más afecta en el desarrollo minero son la sobrerregulación, los trámites, 'permisología', y los conflictos sociales. Con tanta tensión, lo que finalmente generará es una revisión de la inversión en el país", señaló Fumagalli.
La presidenta de la Confiep, María Isabel León, se mostró preocupada por este cambio planteado por Vizcarra.
“Vemos con mucha preocupación que la inversión privada va a seguir congelada en los próximos meses, por la incertidumbre que se genera”, expresó.
Por su parte, el diario El Comercio señaló que esta propuesta es "inoportuna".
"En este contexto de incertidumbre nacional por la propuesta de adelanto de elecciones, abrir un nuevo frente de riesgo particular para un sector que hoy apuntala la inversión privada es descaminado”.
Pero no hay que tenerle miedo al cambio. En eso parecen coincidir el presidente Vizcarra y los gobernadores regionales del sur. En este sentido, debemos tomar en cuenta lo que ocurrió después de la ley general de minería de 1992.
Como recuerda Cooperacción, aumentó la ocupación territorial de la minería, las concesiones mineras pasaron de 2 millones 300 mil hectáreas a más de 25 millones de hectáreas. Esta expansión minera vino acompañada del aumento del número de conflictos sociales. Desde que la Defensoría del Pueblo realiza reportes sobre conflictividad (2004), una constante ha sido que la gran mayoría de conflictos están vinculados a temas socio ambientales relacionados a minería.
Además, lo que afirman los empresarios de que esta propuesta genera incertidumbre, debemos recordar que no es novedad. Anteriormente, se opusieron a la creación del Ministerio del Ambiente, a la consulta previa y a las regalías mineras. Los rechazos más recientes son las oposiciones al ordenamiento territorial y a políticas ambientales para cumplir con los estándares de la OCDE.
"Por eso no sorprende que, ante el anuncio de iniciar un debate sobre una nueva Ley General de Minería, estos actores salgan a manifestar su oposición e intenten nuevamente instalar su discurso conservador, contrario a cualquier cambio".
"El país tiene que avanzar, sacando lecciones de lo que ha venido pasando en los territorios, haciendo los ajustes necesarios: la perspectiva es construir una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas que permita construir los equilibrios que, a todas luces, están haciendo falta", señala Cooperacción.
Si bien fue el gobierno de Vizcarra el que otorgó licencia de construcción a la mina Tía María sin dialogar previamente con la población local, el mandatario parece estar dispuesto a buscar una manera de prevenir conflictos como este. En su Mensaje a la Nación, resaltó la necesidad de cambiar las normas mineras para que "se adecuen a nuestra realidad”.
Actualmente, en Perú, las actividades mineras se realizan con normas de hace más de treinta años, por lo que es necesario actualizarlas para equilibrar la balanza a favor de la ciudadanía y del medio ambiente.
[Foto de portada: Andina]
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