Todo empezó con las declaraciones del CEO de la empresa minera Southern Copper, Óscar Gonzalez Rocha. En marzo pasado, el empresario minero se mostró confiado en que, antes de agosto próximo, el Gobierno peruano otorgará la licencia para construir la mina Tía María en la provincia de Islay, región Arequipa. Gonzalez Rocha dijo que había "falta de decisión" en el Ejecutivo para expedir la licencia. Hasta que la semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, precisó que "darle la autorización a la empresa no implica inmediatamente una construcción", afirmó que no van a imponer ningún proyecto minero y que iban a buscar un "consenso mayor" para el desarrollo de esta inversión.

Ante ello, la respuesta llegó a través de la Confiep. El último domingo, su presidenta, María León, cuestionó al ministro Ísmodes. "Quisiera entender qué es "mayor consenso". [...] La empresa ha hecho su trabajo con la población local, se ha acercado y tiene una "licencia social" que le permite sentirse listos para que le den la licencia de construcción", dijo a Canal N.

Ahora, se trata de Semana Económica (SE), revista dirigida, según indican en su web, a "un selecto grupo de gerentes, directivos y propietarios de las empresas que aportan aproximadamente el 45% del PBI del Perú". La revista empresarial publicó el último lunes una editorial titulada "Tiempo de decisiones" sobre Tía María.

"El gobierno corre contra el tiempo", afirma SE en relación a la fecha de vencimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. Para la revista, el gobierno peruano puede obtener un "logro sobresaliente" o "el fracaso más estrepitoso de su política de promoción minera". Si el Ejecutivo no otorga licencia de construcción de la mina hasta esa fecha, Southern Copper deberá elaborar un nuevo EIA, lo que retrasaría un año más al proyecto que, debido a la oposición ciudadana, espera su ejecución desde el 2011.

Ese año, luego de que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) presentara 136 observaciones al EIA de Tía María, miles de ciudadanos del Valle de Tambo protestaron contra el proyecto minero, ya que los agricultores temen que sus campos de cultivo se contaminen con la actividad extractiva.

Para la revista, así como para los empresarios mineros, actualmente la situación en el Valle de Tambo es distinta y cita un reciente sondeo de Ipsos en Islay que señala que el 71% de encuestados considera que Tía María "será beneficioso para el país" y el 61% considera que "generará puestos de trabajo para la población". 

"Aunque el apoyo puede ser mayor, los niveles de tensión no son los del 2015, cuando fallecieron cuatro personas en el conflicto", afirmó.

En este sentido, debemos precisar que ese año, durante el gobierno de Ollanta Humala, dos ciudadanos murieron por la represión en Islay. En la protesta del 2011, tres agricultores perdieron la vida víctimas de perdigones disparados por la Policía. Tras los acontecimientos del 2015, Humala puso en "modo pausa" el proyecto, ya que dijo que no podía suspender ni cancelar la inversión. 

Sobre las declaraciones del ministro Ísmodes de que es necesario un mayor consenso para ejecutar el proyecto, SE señaló que "el objetivo es razonable, pero el camino planteado no soluciona ningún problema".

"El gobierno no da certeza a Southern y al sector privado en general de lo que ocurrirá con este proyecto. En lugar de ello, plantea más interrogantes y eleva la incertidumbre", sostuvo.

La revista teme la gestión de Élmer Cáceres Llica, actual gobernador de Arequipa.

"No será un aliado para mejorar el clima social y promover el proyecto. Las perspectivas son poco alentadoras y se hace necesaria una clara señal desde el Ejecutivo", señaló.

El proyecto Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Se estima que la mina produzca 120 mil toneladas de cobre por año. Para su construcción, se invertirán 1, 400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011.


[Foto de portada: Andina]


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