Ya hay fecha, pero el riesgo de impunidad sigue latente. Este lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará, desde las 12:00 horas, el informe final que recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, al concluir que el aún fiscal supremo cometió los delitos de organización criminal y encubrimiento real.
El documento, elaborado por el congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) calificó los hechos contenidos en varias denuncias constitucionales contra Chávarry por su vinculación con la organización "Los Cuellos Blancos del Puerto" y el retiro de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.
Los delitos que habría cometido previstos en los artículos 317 y 405 del Código Penal, y además incurrió en infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política del Perú. "En consecuencia, [se solicita] suspender el ejercicio de sus funciones y ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes", se lee en la primera conclusión del informe.
Lo que está por verse ahora es si el fujimorismo, que controla la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, insiste en blindar, como hasta ahora, a Chávarry, con la ayuda de sus aliados del Apra. El titular de este grupo, César Segura (Fuerza Popular), se ha negado a darle celeridad a las denuncias contra el ex titular de Ministerio Público.
Esta semana incluso Segura descartó poner en agenda la nueva acusación constitucional contra Chávarry que presentó la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el deslacrado ilegal de oficinas del Ministerio Público, al alegar que como un caso similar ya fue archivado no puede volver a verse hasta la siguiente legislatura, en agosto.
Ávalos replicó que se trata de una denuncia distinta y con nuevos elementos, en la que la fiscalía lo acusa de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, tipificado en el artículo 404 Código Penal, porque sustrae a una persona de la investigación; también por encubrimiento real, previsto y penado en el artículo 405, porque dificulta o procura desaparecer pruebas o evidencias; y el último es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto.
La titular del Ministerio Público sostuvo que su antecesor en el cargo obstaculizó la investigación del Equipo Especial para tratar de beneficiar a Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos por el caso Odebrecht.
"Nosotros creemos que ha obstaculizado la investigación (contra Keiko Fujimori). Por ejemplo, cuando permite que, de alguna manera, su asesora Rosa Venegas, ingrese (a la oficina lacrada). Esa señora no hubiera ingresado si no hubiera estado en una situación de dependencia. El doctor Chávarry era su jefe [...] ellos (los del Equipo Especial) querían era encontrar evidencias, pruebas en la oficina del asesor del doctor Chávarry, el señor (Juan Manuel) Duarte. Esa era la tesis que estaba manejando el Equipo Especial, en el caso concreto el doctor Pérez; y al haber sacado esas evidencias, esa línea de investigación se destruye".
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