Durante la segunda parte de los interrogatorios en la Procuraduría de Paraná, en Curitiba, Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, habló de las coimas por la concesión de la Linea 1 del Metro de Lima, y dijo que la constructora Graña y Montero, consorciada de la firma brasileña en este proyecto, supo del pago de sobornos durante la ejecución del tramo 1 y antes de la firma del contrato por el tramo 2.

Incluso, la empresa peruana habría pagado US$3 millones adicionales por el tren eléctrico, según El Comercio, obra emblema del último gobierno aprista por la que Odebrecht admitió haber pagado más de US$ 24 millones en coimas en principio.

Barata incluso ofreció que este miércoles revelará quién o quiénes fueron los beneficiarios finales de los pagos ilegales por el Metro de Lima, según dijo al término de esta la diligencia Carlos Hermoza, abogado de Santiago Chau Novoa, uno de los exfuncionarios del Ministerio de Transportes imputados en esta trama.

El exdirector de Odebrecht en Perú también se comprometió a entregar a los fiscales peruanos más 4 mil folios de los servidores empleados para registrar los pagos ilícitos, informó  el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela. 

Sostuvo que los servidores Drousys y My Web Day, que usaban en el Sector de Operaciones Estructuradas, contienen información sobre todas las operaciones por las cuales se pagaron sobornos y la ruta del dinero que permitirá identificar a los destinatarios finales.

"En el sistema se usan modos de encriptamiento subrepticio, es la forma que tenía la empresa para ocultar la información y evitar la persecución penal, se han comprometido que tan pronto termine el procesamiento, que no será más de la próxima semana, entregarán los 4 mil folios que respaldan los testimonios de Barata", dijo Vela Barba.

Según la información que el lunes 15 de abril pasado Odebrecht remitió a los fiscales del caso Lava Jato, el dinero (US$ 1.3 millones) que la constructora transfirió a la cuenta en Andorra de Miguel Atala, quien fue vicepresidente de Petroperú en el último gobierno aprista, era en realidad para Luis Nava Guibert, el exsecretario de Palacio en el mismo régimen, a quien por otras vías le hicieron también transferencias por un monto que supera los US$ 4.5 millones.  

La tesis fiscal apunta a que Atala y Nava, que eran funcionarios incondicionales de García pero sin poder de decisión o influencia en el proyecto del Metro de Lima, fueron solo los intermediarios de las coimas de Odebrecht, cuyo destinatario final habría sido el ex jefe de Estado aprista, quien se suicidó la semana pasada de un disparo en la cabeza, justo antes de que sea detenido de forma preliminar por su implicación en esta trama de corrupción.  

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