La resolución judicial que ordenó la detención preliminar del expresidente Alan García ─quien acabó con su vida justo cuando esa medida iba ser ejecutada por la Polícia─ y otros ocho funcionarios de su último gobierno contiene información que revela la distribución de los US$24,4 millones mencionados el 4 de octubre del 2018, por el exdirector de contratos de Odebrecht, Antonio Carlos Nostre.

En su declaración, Nostre sindicó al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, a los exintegrantes del comité de selección Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau Novoa como los principales receptores de unos US$10 millones de las coimas.

“En el monto aproximado de US$14 millones [de] dólares se han empleado a los siguientes intermediarios: Luis José Nava Guibert, José Antonio Nava Mendiola, Faresh Miguel Atala Herrera y Samir Atala Nemi, quienes de forma personal, usando empresas peruanas vinculadas a ellos o a través de sociedades offshore como lo es Ammarin Investment Inc, de la [que] Faresh Miguel Atala Herrera y Samir Atala Nemi fueron apoderados, recibieron dineros de Odebrecht”, se lee en el punto 40 de la resolución.

Así, los US$24,4 millones en coimas se habrían distribuido de la siguiente forma: el exviceministro de comunicaciones Jorge Luis Cuba Hidalgo habría recibido dos pagos por US$1,4 millones y US$6,7 millones; Edwin Luyo Barrientos y Mariella Janette Huerta Minaya, US$1,2 millones; Santiago Chau Novoa US$400 mil, reveló  este sábado El Comercio, que tuvo acceso al documento judicial.

Además, según consta en documentos de la Caja de 2 de la constructora en poder de la fiscalía, Luis Nava habría recibido la suma de US$2’762.417,90 de Odebrecht, a pesar de que su cargo como secretario de la Presidencia no tenía atribuciones en la toma de decisiones sobre adjudicaciones de ninguna obra. En tanto, su hijo José Nava, hoy prófugo de la justicia, habría recibido US$471.302.

El equipo especial Lava Jato también identificó que Klienfeld Services, offshore de Odebrecht, transfirió US$1’321.766,72 a Ammarin Investment, de propiedad del exvicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala, en una cuenta en la Banca Privada D’Andorra. Este dinero, sospecha el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, tuvo como destinatario real a Nava Guibert. Cabe indicar que aún falta identificar la ruta exacta de los US$9 millones restantes de los sobornos pagados por el Metro de Lima.

(Foto de cabecera: Andina)

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