La titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, planteará iniciar de oficio una indagación preliminar a los congresistas Carlos Bruce, Clemente Flores, César Vásquez, Javier Velásquez Quesquén y Héctor Becerril, implicados en presuntos actos de corrupción vinculados a la organización delictiva 'Los Temerarios del Crimen'. 

Sánchez señaló que presentará su planteamiento en la sesión de Ética de la próxima semana. "[Este caso] amerita una investigación al respecto o una indagación por lo menos, porque han sido mencionados cinco congresistas. Creo que es una cosa sería, delicada y hay que actuar de la misma manera en el tema", dijo Sánchez a El Comercio.  

Asimismo, manifestó que la indagación preliminar a su colega de bancada y ministro Carlos Bruce, será igual de “objetiva, imparcial y transparente” que en todos los casos. “Lo he dicho desde el primer momento, yo no tengo ningún tipo de compromiso, ni hipoteca y amiguismo con nadie. [Todos] son colegas con quienes tenemos tratos cordiales de amabilidad, pero, más allá de compromisos que yo tenga que proteger, blindar, resguardar, de ninguna manera", aseguró Sánchez. 

El pasado 23 de marzo, el fiscal Juan Carrasco anunció que ha enviado un informe a la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ávalos, con el fin de que evalúe si inicia una investigación contra cinco congresistas por sus presuntos vínculos con la red de corrupción Los Temerarios del Crimen, que habría sido encabezada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, detenido precisamente por este caso. 

"A raíz de las declaraciones, no solo del ex alcalde, sino de otros testigos e imputados, se ha logrado determinar la posibilidad hasta el momento, de la participación de algunos congresistas de la República", manifestó Carrasco en aquel momento. 

Los parlamentarios investigados habrían concertado con el alcalde Cornejo la inclusión y aprobación de presupuesto de diversas obras de infraestructura en el Congreso y además elegían a la empresa que haría la obra, a cambio del pago de una comisión económica de 10% que debía pagar la empresa seleccionada para ejecutar la obra, según relataron los colaboradores de la fiscalía. El dinero se dividía en 5% para el congresista y 5% para el alcalde Cornejo, agregaron.

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