El titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, dictó la medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses.

En la audiencia que duró un poco más de una hora, Sánchez acogió el pedido del fiscal José Domingo Pérez y al que el exmandatario se había allanado en el marco de la investigación por la licitación de la línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2) a Odebrecht, en el que es acusado por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

El fiscal Pérez sustentó la medida restrictiva contra García al explicar que existen serios indicios sobre "actos ilícitos de concertación" en los que habrían incurrido el exmandatario y otros exmiembros de su último gobierno investigados, "quienes en su condición de funcionarios del más alto nivel habrían favorecido a la empresa Odebrecht, que formó el consorcio Tren Eléctrico".

Para el representa del equipo especial Lava Jato también "se habrían realizado actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento", en alusión a que el expresidente recibió US$100 mil de Odebrecht, vía un contrato con el Estudio Espinola Consultoría Jurídica, por dictar una conferencia en Brasil en el 2012, tal como lo reveló esta semana IDL-Reporteros.

Alan se pronuncia

Enterado de la decisión del juez, tras la diligencia a la que no asistió, García Pérez —quien ha vivido el último año en Madrid, España— se pronunció desde su casa de Miraflores, en Lima, al señalar que para él no es un castigo permanecer 18 meses en su "patria".



Línea de investigación

La tesis de la fiscalía es que García, como jefe de Estado, tuvo  especial premura y jugó un papel clave para que las obras del tren eléctrico, tramos II y III, la ejecutara Odebrecht, para lo cual promovió y suscribió decretos de urgencia y supremos. 

Por ejemplo, en el requerimiento del fiscal Pérez Gómez de impedimento de salida del país se señala que el 13 de febrero de 2009 se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 008-2009, firmado por García y el exministro Enrique Cornejo, que otorgaba facultades a Provías para que realice actividades de administración y ejecución del proyecto de infraestructura de transporte relacionadas al sistema eléctrico. Hasta ese entonces, ese facultad era de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que dependía de la Municipalidad de Lima.

Luego se modificó el marco legal vigente hasta ese entonces, para que el MTC tenga a su carga el megaproyecto, y así poder favorecer a Odebrecht, según la fiscalía. Todo en tiempo récord.

Otro hecho que llamó la atención del fiscal Pérez fue que el 19 de febrero de 2009, día programado para que el entonces mandatario viajara en el avión presidencial a Cusco para inaugurar  tramos de la Interoceánica, lo hizo acompañado de Enrique Cornejo y Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú. Ese mismo día, García convocó de urgencia una sesión de Consejo de Ministros para consumar que sea el MTC el que está a cargo del proyecto. 

Luego vino el Decreto de Urgencia N° 034-2009, con el que se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a contratar con la Corporación Andina de Fomento una operación de endeudamiento externo por US$350 millones. También se promulgó el Decreto de Urgencia N° 042-2009, para que se incorporen US$65 millones para atender la ejecución de la obra.

Por último, la fiscalía también señala que con la aprobación de los decretos de urgencia N° 063-2009, 107-2009, 117-2009, 081-2010 y 262-2010 se logró que Odebrecht ejecutara el proyecto en condiciones ventajosas para la empresa brasileña y en perjuicio del Estado peruano.

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