Este martes la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el texto sustitutorio sobre el proyecto de reforma constitucional que presentó el presidente Martín Vizcarra respecto al proyecto de referéndum sobre el financiamiento privado de partidos políticos, que establecía limitaciones en los aportes que pueden recibir estas agrupaciones durante campañas electorales. 

El dictamen aprobado, con 14 votos a favor, uno en contra  y una abstención, dice que el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado pero no corporativo. Asimismo, señala que la regulación, el control, la verificación, la fiscalización y la sanción de que se cumpla este artículo de la Carta Magna se hará mediante ley, sin mayores precisiones.

Sin embargo, el documento final de la comisión no recogió la bancarización de los aportes que se había establecido en el texto original que envió el Ejecutivo. "En el dictamen de la Comisión de Constitución sobre financiamiento de organizaciones políticas no se recoge bancarización ni prohibición expresa de contratación de publicidad adicional", señaló el congresista del Frente Amplio Marco Arana, quien se abstuvo de votar por este tema.

Este proyecto de reforma constitucional es el segundo aprobado en la Comisión de Constitución y podrá ser elevado al Pleno para sea aprobada dentro del plazo que estableció la Junta de Portavoces, que vence el 4 de octubre, con el objetivo que pueda se someta a referéndum el 9 de diciembre, como pretende el Ejecutivo. 

Más temprano se produjo una discusión en el mismo grupo de trabajo luego que su presidenta, la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, planteó modificar el artículo 35 de la Constitución. Así, con esta iniciativa de la "fuerza número uno del Congreso" habría cambiado sustancialmente la propuesta del Ejecutivo respecto al proyecto de referéndum sobre financiamiento privados de partidos políticos.  

La propuesta de Bartra no obligaba a que los partidos políticos rindan cuentas y tampoco regula el aporte financiero ilegal. De esta manera se traería abajo el principal objetivo del proyecto original que se quiere someter a referéndum. "El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Su regulación, control, verificación, fiscalización y sanción se realiza de acuerdo a ley", dice el texto.  

Entendiendo la amenaza que este proyecto significaba para la reforma, el congresista de Acción Popular Yonhy Lescano increpó al fujimorismo que proponga este texto sustitutorio durante el debate en la Comisión de Constitución.

"¿Es tan difícil poner en la Constitución que está prohibido dar regalos durante las campañas electorales? No quieren ponerlo. Como quieren esconder el ejemplo de esos aportes ilícitos recurren al pitufeo. Esa norma va dirigida para quienes esconden los aportes ilícitos. El problema es que hay gente que da cantidades de dinero que viene de forma ilícita. Eso quieren que continúe. Eso tergiversa una campaña política. ¿Qué cambio estamos haciendo?", se preguntó Yonhy Lescano.

"Ustedes tienen rabo de paja, Alejandro Toledo está investigado, Keiko Fujimori también está investigada", agregó el legislador. 

El proyecto que el mandatario Martín Vizcarra presentó ante el Congreso busca garantizar la transparencia e integridad de los aportes privados que reciben las organizaciones políticas, en periodos de comicios. "En el Perú, algunos de los más emblemáticos casos de corrupción recientemente detectados en el país han tenido su origen en aportes de campaña poco transparentes, por su carácter anónimo, informal (no declarado ante las autoridades competentes) o ilícito", se lee en la iniciativa. 

Esta propuesta, que modifica el artículo 90 de la Carta Magna, establece que "las organizaciones políticas están obligadas a rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos en periodo ordinario y durante la campaña electoral". "Los aportes deben recibirse a través del sistema financiero, conforme a ley. Los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida. Además de recibir aportes privados con los topes y modalidades establecidos, solo pueden recibir fondos públicos producto del financiamiento público directo e indirecto", precisa. 

De igual modo, se señala que "las organizaciones políticas están prohibidas de recibir, de manera directa o indirecta, aportes anónimos, de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado".

Lo cierto es que en los últimos años, se ha denunciado entregas de dinero ilegal de la constructora Odebrecht a los principales partidos políticos del país durante las elecciones presidenciales de 2011 y 2016. Precisamente, Fuerza Popular es una de las agrupaciones bajo la lupa por el financiamiento de su campaña electoral en el 2011 y 2016. El fiscal José Domingo Pérez investiga a Keiko Fujimori por el "Caso Cócteles" y los presuntos aportes de la empresa brasileña.

(Foto de cabecera: La República)

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