La Defensoría del Pueblo alista una iniciativa legislativa para derogar la llamada Ley Mulder, con el fin de establecer una regulación en materia de publicidad estatal que garantice la eficiencia en el gasto y no viole el derecho a la información de la población que la Constitución garantiza, como ocurre con la citada norma que el Congreso fujimorista aprobó por insistencia, en represalia contra los medios de comunicación que destaparon sus tropelía en el Legislativo.
Mediante un pronunciamiento público, la institución anunció que presentará una propuesta en el marco de sus competencias atribuidas por el artículo 162° de la Constitución, así como un recurso —amicus curiae— en el proceso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Mulder, con argumentos que favorezcan la protección de los derechos ciudadanos.
El amicus curiae es una expresión latina que se puede traducir como "amigo del Tribunal". Es un informe escrito que puede ser presentado por una persona natural o jurídica que, a pesar de no tener un interés directo en el caso, interviene con el fin de defender un interés de trascendencia general, en este caso, el derecho que tiene la población a la información.
De este modo, el sistema judicial permite que aquellos que no son parte de un proceso aporten al juez argumentos en lo que poseen una reconocida experiencia o conocimiento.
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