A diferencia de lo que dejó entrever la jefa del gabinete, Mercedes Aráoz, el viceministro de Justicia, Juan Falconí, a la sazón titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, anunció que el Gobierno acatará la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto a Alberto Fujimori, tras la audiencia que se realiza este viernes respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta, matanzas por las que el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel en el 2009.
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"La corte emitirá un pronunciamiento. Lo que quiero pedir ahora es el cumplimiento de la Constitución. Cuando la corte emita un pronunciamiento, nosotros acataremos como el Estado lo ha hecho siempre", dijo en TV Perú el funcionario.
Falconí alegó que el Estado peruano ha cumplido los requerimientos de la Corte IDH sobre la audiencia y entregó el expediente completo del indulto humanitario otorgado a Fujimori, documento que se ha negado a entregar a otros solicitantes locales, como la Defensoría del Pueblo, que se pronunció en contra porque el beneficio transgrede la Constitución.
El titular de la Comisión de Gracias insistió en que el cuestionado proceso para excarcelar al autócrata se procedió conforme a ley y que el expediente del indulto y derecho de gracia está acompañado por todos los requisitos vigentes para que este se materializara, considerando temas de salud, pero lo cierto es que hay inconsistencias e irregularidades en la forma y el fondo de la tramitación de los beneficios a Fujimori.
De hecho, Roger Rodríguez, ex director de Derechos Humanos del Minjus, que dijo la Comisión de Gracias actuó contra su propio reglamento, al no visitar a Fujimori para constatar las condiciones en las que estaba, y reiteró que el autócrata no tenía las condiciones de salud para recibir un indulto por razones humanitarias.
"Es importante esperar con tranquilidad. Estamos tranquilos porque (en el indulto) hemos acatado la Constitución, el ordenamiento interno y todas las orientaciones que ha dado el sistema interamericano", subrayó Falconí.
La defensa de las víctimas confía en que el tribunal de San José anulará el indulto a Fujimori, porque no solo vulnera los tratados internacionales que el Perú suscribió en materia de derechos humanos, sino también porque es producto de un pacto político.
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