A escuchar. Como esta prevsito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José de Costa Rica inició este viernes la audiencia en la que evaluará si el indulto humanitario concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a Alberto Fujimori es una decisión que va en contra de las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos (se puede seguir la transmisión en vivo aquí).

El tribunal supranacional convocó a esta audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia –en el marco del 121 Período Ordinario de Sesiones– en San José de Costa Rica, luego de que los familiares de las víctimas de estas matanzas presentaran un recurso como medida de protesta por la liberación de Fujimori. Cabe resaltar que durante la audiencia también se revisará la demanda contra magistrados del Tribunal Constitucional (TC) peruano por el caso El Frontón.

Los abogados designados por el Estado, Jorge Villegas Ratti y Adrián Simons Pino, quienes sustentarán durante 20 minutos lo que motivó a Kuczynski a indultar a Fujimori, viajaron el 31 de enero a la ciudad de San José, junto al secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich. Ellos serán los primeros en participar de la audiencia.

Miguel Pérez Arroyo, abogado del autócrata, también llegó a la capital de Costa Rica el jueves para ser parte del público de la audiencia. La Corte IDH negó el pedido para que participe de la audiencia hace unas semanas. "No hay ninguna falta a los compromisos asumidos”, dijo.

“Por competencia, no podrían [anular el indulto]. Pero si su activismo político y sus preferencias ideológicas les ganan la partida, hay instancias megasupranacionales a las que podemos acudir. Está el Tribunal Europeo de DD.HH. o la secretaría de DD.HH. de la ONU. Podríamos acudir y desacreditar de una vez por todas a la corte”, indicó Pérez Arroyo en El Comercio, al ser consultado sobre la posibilidad que la Corte IDH revoque el indulto a Fujimori.

Los abogados de los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, entre ellos el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, y la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, también están en San José. Rivera, que también tendrá 20 minutos para su exposición, indicó que la revisión de las sentencias de esos casos ante el indulto de Fujimori se sustenta en jurisprudencia de la propia Corte IDH y que esta puede disponer que el indulto quede sin efecto jurídico.

“El indulto viola las disposiciones contenidas en las sentencias de los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), emitidas por la Corte IDH, en las que ordenó investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos, extendiendo esto último como un mandato para sancionar de manera adecuada y proporcional la gravedad de los delitos. Además, la corte ha dispuesto que esos casos están prohibidos de cualquier eximente de responsabilidad, inclusive en la etapa de ejecución de la condena”, manifestó a El Comercio.

Asimismo, señaló que el informe de la Defensoría del Pueblo —en el que se considera que el indulto "transgrede lo establecido en la Constitución" respecto a los plazos estipulados— "servirá para contextualizar mejor el caso y entender las arbitrariedades cometidas por el gobierno”. “Pero hay que recordar que el informe trata fundamentalmente sobre el derecho de gracia más que sobre el indulto”, agregó.

Culminada la participación de las partes, será el turno de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que durante 15 minutos fijarán su posición. Los comisionados en este caso son Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y la abogada jefe de la sección que tramita casos ante la Corte IDH, Silvia Serrano.

La CIDH, que también realizará una audiencia el próximo 2 de marzo sobre el mismo caso, expresó en diciembre su profunda preocupación y rechazo a la gracia presidencial que otorgó PPK en la víspera de la Nochebuena. Mediante un pronunciamiento, la entidad supranacional manifestó que el beneficio cedido a quien fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad “no cumple con requisitos legales”.

DATO

✔ No existe un plazo para que la Corte IDH emita su pronunciamiento, pero los abogados de los familiares de las víctimas calculan que se conocerá entre tres o cuatro semanas, informó El Comercio.

(Foto de cabecera: Televisa)

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