Renunció a su cargo como director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) pocos minutos después que se diera a conocer la decisión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de indultar al exmandatario Alberto Fujimori. Desde un principio, Roger Rodríguez aseguró que Fujimori no debió ser indultado debido a que su condición de salud no ameritaba esta gracia presidencial.

“Se deben cumplir una serie de condiciones para dar un indulto humanitario y estas no las ha inventado nadie, sino que están previstas en las normas. El artículo 31 del reglamento exige que para que esto pueda darse, la enfermedad debe ser avanzada progresiva, degenerativa y las condiciones carcelarias tienen que agravar la condición del interno de forma tal que esté comprometida su vida”, señaló en Todo Se Sabe de RPP Noticias.

El ahora exdirector general de Derechos Humanos del Minjus considera que la situación de Alberto Fujimori en prisión no ponía en riesgo su vida y que por el contrario gozaba de diversos servicios como televisión, radio, atención médica constante y recepción de visitar en cualquier momento. Rodríguez manifestó que el hecho de que el médico privado integrara la junta médica que recomendó el indulto al exjefe de Estado es otra irregularidad en el proceso.

Sobre el estado de salud actual de Fujimori, el exfuncionario del Minjus manifestó que cuando integró la Comisión de Gracias Presidenciales y revisó el caso de Fujimori, se intentó manipular la realidad al afirmar que sufría cáncer terminal y depresión con tendencia al suicidio. Sin embargo, estos males planteados por el entorno del expresidente fueron descartados por especialistas.

“Alberto Fujimori no tiene cáncer terminal, ni en un estadio latente ni avanzado. Ha sido operado cinco veces por una lesión en la lengua, pero esa figura está absolutamente controlada como lo estuvo en 2013. Se decía que se iba a agravar, pero ya estamos en 2018 y no se ha agravado”, comentó.

Rodríguez coincidió en que el indulto a Fujimori se dio en tiempo record, pues se dio solo en 13 días y lo normal es que el proceso tarde entre 100 y 120 días. Si bien resaltó que la decisión de PPK no fue correcta, no descartó que esta medida pueda ser revertida por la un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“No es irreversible. Yo no sé qué cosa vaya a hacer la Corte IDH, pero sí puedo decir lo que hizo. En 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dijo que los crímenes de Barrios Altos no eran de lesa humanidad, pero como ese caso está abierto, la Corte IDH le ordenó revertir esa decisión. Si la CIDH es capaz de ordenar y anular una sentencia de la Corte Suprema, no es impensable que pudiera suceder algo parecido en este caso”, señaló. 

(Foto de cabecera:Minjus)

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