Llueve sobre mojado para el fujimorismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al despacho del fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo de la investigación por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que la ONG LVF Liberty Institute, con sede en Delaware, no tenía la autorización para realizar aportes de carácter político.  

Esta organización, que tiene como apoderado a Carlos Luna Frisancho, donó S/220.608 a la última campaña presidencial del fujimorismo. Ante ello, el fiscal incluyó esta información en la audiencia de control de plazo de la investigación de los cócteles organizados por Fuerza Popular, por los cuales recolectó 700 mil y 884 mil soles, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, según informó El Comercio.

“El día 13 de noviembre ha llegado al despacho fiscal, procedente de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, la respuesta del Departamento de Justicia [de los EE.UU.] y que si bien está en inglés, a buena cuenta dice que probablemente [LVF Liberty Institute] no está autorizada a realizar aportes a campañas, ni a partidos políticos”, sostuvo el fiscal.

José Domingo Pérez se valió de esto para rebatir los argumentos de los abogados de Keiko Fujimori y su esposo, el estadounidense Mark Vito, ambos investigados por lavado de activos. En ese sentido, aseguró que están dentro del plazo legal de la investigación, y que aún falta diversas diligencias que han sido programados por su despacho.

La investigación, que se inició el 8 de marzo del 2016, tendrá una duración de 36 meses porque se adecuó a la Ley de Crimen Organizado, explicó el fiscal Pérez. Por lo tanto, hizo un pedido a la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Elizabeth Arias, para que declare infundado el pedido planteado por la defensa para que se archive la pesquisa.

La respuesta de los abogados

Edward García, el abogado de Keiko, afirmó que que el mismo documento fue alcanzado al despacho fiscal de manera traducida, en noviembre del 2016, cuando el fiscal Germán Juárez estaba a cargo de la pesquisa sobre los aportes no justificados a la campaña de Fujimori.

En ese entonces, señaló García, al no encontrar ningún elemento en contra de la excandidata presidencial, se decidió adecuar la indagación a la Ley de Crimen Organizado, para obtener más tiempo de manera ilegal.

A su vez el abogado Eduardo Alcócer, defensa de Vito Villanella, indicó que el plazo venció el 8 de noviembre del 2016. Asimismo, señaló que la fiscalía no ha sustentado qué hechos variaron en la investigación para considerar a su representado como miembro de una organización criminal.

(Fotos de cabecera: Radio Nacional)

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