El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene claro por dónde viene la mano del fujimorismo, que no solo pretende su destitución como titular del Ministerio Público sino además busca inhabilitarlo, pero confía en que la acusación constitucional en su contra que planteó el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, no prospere, porque —a todas luces— carece de asidero legal y responde a una consigna política de la jefa del partido que controla el Congreso, Keiko Fujimori.
"No tiene pies ni cabeza. No lo digo yo, lo dicen muchos entendidos en la materia y espero que esto no prospere. Si avanzara, obviamente utilizaría mecanismos legales para defenderme bien", dijo el magistrado en una entrevista que publica este viernes el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Sánchez sostuvo que se trata de una consigna política porque la denuncia en sí, tal como está planteada —Salaverry recurre a noticias publicadas por medios y hasta a encuestas de opinión en su acusación—, no tiene ningún sustento jurídico. "Es una consigna, pues obviamente escapa a cualquier cuestionamiento lógico que pueda tener un congresista. Basta la lectura del documento para darse cuenta de que no tiene ningún sustento", insistió.
El titular del Ministerio Público refirió que es evidente que la arremetida en su contra del fujimorismo es porque la fiscalía reabrió el caso de Joaquín Ramírez, esta vez incluso bajo la ley de Crimen Organizado, investigación en la que está implicada directamente Keiko Fujimori, cuya situación legal para complicarse cada vez más, ahora porque hasta el mismo Marcelo Odebrecht acaba de confirmar que sí recibió dinero de su compañía para su campaña del 2011.
"He analizado el porqué y entiendo que esto se debe a que la Fiscalía Superior de Lima, ante el archivo de un caso específico que se hizo en segunda instancia, en donde están involucrados un señor de apellido... Ramírez, Joaquín, y la señora jefa del partido, ordenó reabrir la investigación. Eso ha sido entendido como que la Fiscalía está en contra de estas personas y que hay una dirección política para afectar su trabajo o su proyección como política. Y eso no es cierto. Nosotros no trabajamos en base a cuestiones políticas. Yo no doy órdenes para que afecten a determinadas personas. Mi trabajo no es ese. Si ellos han pensado que hay una disposición mía para que se reabra la investigación, están equivocados. Eso no es cierto. No lo puedo hacer porque cada fiscal es autónomo".
El fiscal Sánchez admitió que el Ministerio Público está bajo una fuerte presión política, más aún desde que estalló el caso Lava Jato en el Perú.
"En verdad yo siento una presión fuerte contra las investigaciones. Obviamente, contra mi persona, pero también para los fiscales que tienen que investigar el caso [...] En todos los países en los que se ve este caso hay una presión política para que no se investigue. En el mismo Brasil ha habido bastante presión".
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