Aclarando al fujimorismo. "Sea quien sea y se encuentre donde se encuentre". "Nadie tiene corona, se investiga a todos". Con estas palabras el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se defendió de la acusación del congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, quien presentó este lunes una denuncia constitucional en su contra por una “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”. Para Salaverry el Ministerio Público debe responder por no haber incluido a las socias peruanas de Odebrecht en las investigaciones del Caso Lava Jato.

Sin embargo, lo dicho por el titular del Ministerio Público no estaría lejos de la realidad, puesto que el equipo especial a cargo de la investigación del Caso Lava Jato, que dirige el fiscal Hamilton Castro, sí ha abierto pesquisa a estas empresas, aunque esta se encuentra en una etapa preliminar, luego de que a principios de año el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, señalara que sus socios peruanos Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. sí conocían del soborno de US$20 millones que se le entregó al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica Sur.

“El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que tenían que asumir lo que correspondería", manifestó Barata en la declaración que dio ante la fiscalía peruana.

Como consecuencia de lo dicho por Barata, la Procuraduría Ad Hoc del Caso Odebrecht interpuso denuncia penal contra las empresas consorciadas y sus representantes por presunto delito de colusión en mayo de este año. Sin bien la fiscalía dejó el pedido en suspenso, el fiscal anticorrupción Sergio Jiménez Niño, integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, afirmó que las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht en los proyectos en los que los brasileños han admitido haber entregado coimas, sí son investigadas.

“Sobre las empresas consorciadas quiero enviar un mensaje claro; no hay ningún tema que no esté siendo investigado. Todos los temas están siendo investigados. Se están investigando a los consorciados”, dijo Jiménez Niño, quien además agregó a El Comercio que la investigación está en una etapa de “corroboración” de la declaración hecha por Barata.

Las diligencias previas de corroboración incluyen a los representantes de las empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A: José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone y Fernando Castillo Dibós. En ese sentido, debido a que es un caso de personas naturales y jurídicas, esta investigación no es competencia del fiscal de la Nación, informó El Comercio. De acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, Sánchez solo podría realizar investigaciones en contra de los altos funcionarios.

(Foto de cabecera: Reuters)

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