Las sospechas y acusaciones sobre una interferencia del fujimorismo para evitar un acuerdo entre el gobierno y los maestros en huelga parecen tomar cuerpo. Eso se puede colegir de la concatenación de una serie de sucesos en los últimos días que encajan con lo que acaba de decir la parlamentaria de Fuerza Popular Karina Beteta, quien aseguró que ahora el Congreso —controlado por su bancada— es la única vía para que los dirigentes que promueven en paro en al menos 18 regiones hace más de dos meses encuentren una solución a su pliego de reclamos.
Beteta le confirmó a El Comercio que se refería al "ofrecimiento" que la semana pasada hizo Keiko Fujimori al presidente Kuczynski para que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo y se modifique la ley de carrera magisterial.
"La lideresa del partido ha manifestado que estamos dispuestos a entregar facultades para que puedan dar normas en temas de la reforma magisterial que los docentes piden revisar", dijo la legisladora.
¿Cuáles son los "temas" que los dirigentes del profesorado piden revisar? Ahora se sabe que sus demandas se reducen a un solo punto: que se suspenda o elimine la evaluación de desempeño docente, que se incluyó en la ley de reforma magisterial y que la ministra de Educación, Marilú Martens, ya descartó.
Esto en un contexto en el que se sabe que legisladores fujimoristas como Héctor Becerril estuvieron llamando a dirigentes de los docentes en huelga, encabezados por Pedro Castillo, presidente del Comité Nacional de Lucha de Bases Regionales del Sutep, justo cuando negociaban con el Ministerio de Educación e incluso ya había un preacuerdo de nueve puntos para levantar la huelga, pero que a último minuto decidieron no firmar.
Ahora, los dirigentes de la huelga exigen negociar directamente con la ministra a pedido de sus propias bases regionales y, entre otros puntos, que se suspenda la próxima evaluación docente que establece la ley de carrera pública magisterial y mantener sus puestos de trabajo así desaprueben tres veces esas pruebas. Para el gobierno es un tema que no es negociable, pero el fujimorismo parece dispuesto a alentar ese cambio desde el Congreso.
De hecho, Beteta dijo que esa norma tiene vacíos. "Por ejemplo, la evaluación que ahora defiende la ministra (Marilú Martens), cuando estaba el señor Saavedra en su cargo sirvió para despedir directores, profesores, interinos y contratados. No hay coherencia entre lo que dice la ministra con la norma actual", subrayó.
Así, la legisladora fujimorista —sin querer o queriendo— desvela la maniobra con la que Fuerza Popular busca sacar réditos políticos de un conflicto magisterial que pone en riesgo el año escolar de millones de estudiantes y que además parece ser el parteaguas de la suerte de 'tregua' que Keiko Fujimori y PPK acordaron antes de fiestas patrias en Palacio, porque ya se alista —también— la interpelación a cuatro ministros: Salud, Educación, Justicia e Interior.
Las circunstancias en que se dio ese acercamiento han cambiado además, sobre todo para la lideresa de Fuerza Popular. Por un lado, su situación legal se puede agravar, en dos casos de lavado de activos: uno el de Lava Jato y el otro el de Joaquín Ramírez, ex secretario general de su partido; por el otro, perdería su cuota de poder el Congreso si es que el Tribunal Constitucional acepta la demanda de inconstitucionalidad de la ley antitránsfuga, lo que la obligaría a negociar con su hermano Kenji, quien podría formar su propio grupo de unos 20 legisladores.
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