"Olmos fue la gota que derramó el vaso". Así definió Julia Príncipe, ex presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), a una de las causas —la más importante, según la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello— que puso en evidencia el desencuentro entre la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht y el Ejecutivo. El mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK ) lo ha dicho en varias ocasiones: “Odebrecht tiene que irse”. Sobre todo por la urgencia del gobierno de sanear la economía y limpiar la imagen del país de la corrupción implantada por la constructora brasileña.

Con el objetivo de que Odebrecht venda sus activos, pague la reparación y finalmente deje el Perú, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia Nº 003-2017, norma que crea un fideicomiso a donde deben ir a parar lo que la empresa obtenga de la venta de sus propiedades, con el fin de garantizar la reparación civil, pero sin romper la cadena de pagos de la constructora ni afectar los puestos de trabajo ni lo proyectos de inversión en los que está implicada.

La aplicación del ahora controvertido decreto en mención se encargó al Ministerio de Justicia, para lo cual se nombró a Katherine Ampuero como procuradora ad hoc. Su labor era fijar el monto de la reparación civil que debía pagar Odebrecht, para que al momento de la transacción de sus activos, los compradores supieran cuánto debían depositar al fideicomiso sin lugar a reclamo. Es justamente en la aplicación de la norma donde surge el problema.

Como ha referido Pérez Tello, Ampuero interpuso un recurso judicial que perjudicó la cadena de pagos, la situación de los proveedores y los avales que el Estado otorga en las grandes obras. La exprocuradora —según su consideración— asumió que la lucha contra corrupción se imponía a cualquier costo económico colateral y decidió presentar una medida cautelar ante el juez Richard Concepción, la cual fue aceptada y—según explicó Pérez Tello— detuvo la venta de acciones de Odebrecht en Olmos a las empresas Brookfield Infrastructure y Suez. El proyecto de irrigación en Lambayeque hoy está paralizado.

Esa fue la razón por lo que Ampuero se negó a negociar con Odebrecht la venta de su participación en la obra en mención. Luego, cuando quiso hacerlo, no supo sustentar cómo debía calcular ese monto y la forma de pago, según La República. El ahora ex abogada del Estado señaló que el monto fijado por su despacho para la reparación económica por los perjuicios económicos generados al Perú debían ascender a unos S/1.000 millones, de los cuales los brasileños habrías propuesto pagar S/. 600 millones.

Representantes de Odebrecht habrían ofrecido a la procuraduría el pago del doble de las coimas que estos entregaron para adjudicarse megaproyectos en el Perú. A Ampuero en esa cifra le pareció “irrisoria”, ya que creía que la empresa brasileña ha pagado en nuestro país más que los US$29 millones en coimas que admitió ante la justicia estadounidense. En esa línea, la procuraduría habría propuesto que sea 10 o 20 veces el monto de esas coimas confesadas, pero la constructora consideró que esa cifra era excesiva y que no podía cumplirla sin afectar la cadena de pagos.

Allí se estancó todo. Hace un mes, los brasileños volvieron a ofrecer el doble por los casos conocidos hasta ahora —es decir, la Interoceánica, Línea 1 del metro de Lima, Vía Evitamiento en Cusco y la Costa Verde en el Callao— y tener un fondo para casos que se pudieran conocer después. La cifra que plantea Odebrecht es de unos 200 millones de soles o 70 millones de dólares de reparación civil. Para la Procuraduría Ad Hoc debe ser 10 veces más.

Pero lo cierto es que a falta de un acuerdo, Odebrecht continúa sin vender ninguno de activos, permanece en el país y corre el riesgo de romper la cadena de pagos, situación que afecta a proveedores y a los más de 19 mil trabajadores de Olmos, según dijo la ministra de Justicia. En consecuencia, la empresa podía declararse en quiebra y ejecutar los avales que el Estado peruano otorgó por la viabilidad de las grandes obras.

DATOS

► Con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht se ha comprometido a pagar US$ 2.600 millones, en un plazo de 20 años. El monto saldrá de las utilidades que obtenga de los trabajos futuros que desarrolle.

► En EEUU, la reparación civil no se estableció a partir del valor de la empresa, sino del monto de las coimas pagadas y su capacidad de seguir trabajando, en relación del dos por uno.

► En República Dominicana, Odebrecht pagará en ocho años una reparación de US$184 millones, el doble de las coimas pagadas.

(Foto de cabecera: Andina)

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