En medio del contundente revés que sufrió el domingo, cuando el 98% de los venezolanos que participaron en la consulta popular convocada por la oposición —casi 7 millones de personas— rechazaron la Asamblea Constituyente que impulsa para redactar una carta magna a su medida, el presidente Nicolás Maduro ahora debe enfrentar otro problema: una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por crímenes como tortura y segregación.
La acusación, de 56 páginas, fue interpuesta por 76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile, y tiene como objetivo que este tribunal supranacional pueda poner bajo observación a Venezuela y abrir una investigación en contra del mandatario bolivariano, y forma parte de la estrategia para ejercer presión internacional por la grave situación que atraviesa Venezuela.
"Es un documento de denuncia que se presenta a la Fiscalía de la CPI, donde estamos acusando a Nicolás Maduro por crímenes que son competencia de esa corte como tortura, 'apartheid' por segregación y ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios selectivos, capturas y deportaciones masivas", explicó a Efe el senador colombiano Iván Duque (Centro Democrático).
"Es una forma de mostrar que hay mas allá de los discursos en los salones de la diplomacia multilateral. Hay que pasar a acciones que permitan por lo menos alertar al mundo y a través de los cuales se puedan abrir canales (contra) las conductas que ha cometido Maduro", agregó.
La denuncia —en la que se acusa a Maduro de ser "partícipe de graves violaciones al derecho internacional" desde que fue elegido jefe de Estado, en 2013— se basa en informes de organismos internacionales, como agencias de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudios de varias ONG y hasta información oficial desde 2008, cuando era canciller del desaparecido mandatario Hugo Chávez.
Venezuela firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la CPI, que juzga delitos que afectan a la comunidad internacional: crímenes de guerra, genocidio, y crímenes contra la humanidad.
Los crímenes que se le imputan
En principio, son ocho los cargos que la denuncia formula contra Maduro, entre estos, "el crimen de asesinato por instigación directa e indirecta". En el texto de la acusación se lee:
"Entre los años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio de sus derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".
También se le imputa una "imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población", delito que califican como "exterminio" y que entienden "estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas".
El otro crimen con jurisdicción internacional del que se acusa a Maduro es la "deportación o traslado forzoso de población", para lo cual alegan que el régien bolivariano recurre al "uso de la fuerza física o a través de amenazas".
Los otros cargos incluidos en la denuncia son encarcelación de opositores; tortura; "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia" —en referencia a los opositores del chavismo—; "desaparición forzada de personas" y hasta "el crimen de apartheid, a los que se califica como "actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión".
Duque cree que el final de Maduro "debe ser el del los dictadores que han intentado someter a sus pueblos y han cometido toda suerte de crímenes". "El futuro que le espera debe ser que el pueblo venezolano lo remueva a través de canales democráticos porque es lo que el país está pidiendo", dijo el político colombiano.
La crisis institucional en Venezuela se recrudeció cuando el Tribunal Supremo de Justicia suspendió, a fines de marzo, las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, lo que reactivó una ola de protestas que ya tiene tres meses y medio, y en las que han fallecido casi de cien personas. Esta situación límite además abrió grietas en el chavismo, como nunca antes, convirtió a la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en un símbolo de la resistencia al régimen y provocó la excarcelación del dirigente opositor Leopoldo López.
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