El oficialismo en Venezuela desveló este martes su estrategia para deshacerse de uno de los mayores escollos para sus planes: la fiscal general Luisa Ortega, quien rechazó por antidemocrática la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y condenó la represión de las protestas sociales que se iniciaron hace 74 días y que dejan 68 muertos en el país hasta la fecha, según datos oficiales.
El diputado Pedro Carreño pidió este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —que controla el chavismo— la conformación de una junta médica de expertos y de peritos que evalúen la conducta de la magistrada, una de las antiguas figuras más prominentes del chavismo que marcó distancia del régimen de Maduro por sus excesos y tropelías.
"A todas luces se evidencia que esa señora no está en sus cabales, a todas luces se evidencia que esa señora no está normal", afirmó el parlamentario, acompañado de un grupo de oficialistas. Aludía a la supuesta "insania mental" de la titular del Ministerio Público.
Luisa Ortega también ha desmentido una tesis del Gobierno que sostenía que una de las 68 muertes registradas hasta el momento en protestas pudo ser producida por otro manifestante y aseguró que el deceso fue consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un agente de seguridad.
"Yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país y eso es una demostración de que esa señora no está en sus cabales", insistió Carreño, sobre ese ultimo caso.
"Ella perdió la autoridad moral, y se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo", por lo que "se hace necesario hacer una revisión exhaustiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta en el animo de preservar un bien superior, cuál es el bien superior: la paz de la república".
Poco antes, la misma Ortega Díaz también acudió a la sede del TSJ, donde solicitóautorización para investigar y llevar a juicio a ocho magistrados de la Sala Constitucional de ese alto tribunal que avalaron la Constituyente de Maduro.
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