El titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, acude este jueves al Pleno del Congreso para ser interpelado, en un contexto crispado, en el que desde el fujimorismo, luego de que el presidente Kuczynski pusiera en la agenda el tema del indulto al condenado expresidente Alberto Fujimori, pero al final desistiera, esta semana han advertido que no les temblará la mano para censurar a ministros —"O simplemente al gabinete", dijo Cecilia Chacón—. Ya lo demostraron en diciembre pasado con Jaime Saavedra, el entonces ministro de Educación. Y se ufanaron de ello en el chat Mototaxi.

Ahora le toca a Vizcarra, a la sazón vicepresidente de República, responder las 83 preguntas del pliego interpelatorio referido, básicamente, a la cuestionada adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, proyecto que está paralizado a la espera de que la Contraloría emita su informe al respecto, que se conocería recién la próxima semana.

Según los promotores de la interpelación, cuya moción la presentó Acción Popular, pero es apoyada por otras bancadas, entre ellas Fuerza Popular —que controla el Congreso gracias a sus 72 escaños y tiene los votos necesarios para tumbarse a los ministros que quiera—, la renegociación contractual en el caso de Chinchero fue “lesiva” para el Estado, además señalan supuestos beneficios al concesionario de la obra —Kuntur Wasi— y un presunto conflicto de intereses.

Pero 47 de las 83 preguntas ya fueron respondidas por escrito por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en marzo, luego de que se suspendió su primera interpelación en el Congreso ante la situación de emergencia registrada en el Perú por las lluvias, huaicos e inundaciones.

Sea como fuera, Vizcarra ha dicho que responder el pliego interpelatorio le tomará unas seis horas, y que lo distrae de las labores de reconstrucción en las que está abocado ahora. "Como hemos dicho desde hace meses, estamos completamente listos, con la mayor predisposición y el ánimo para responder", aseguró.

Teniendo en cuenta las respuestas por escrito y las explicaciones públicas que ha dado sobre el caso, la línea de argumentación del ministro será insistir en que la adenda no beneficia al concesionario y al ahorro que esta representa para el fisco, aunque expertos han puesto en duda ese alegato al señalar que la modificación contractual implica que el Estado asuma el 80% del financiamiento y entregue el manejo del terminal por 40 años a la empresa que solo aportará el 20%.

DATO

►En marzo pasado, por este caso, la Procuraduría Anticorrupción denunció al ministro Vizcarra ante el Ministerio Público por colusión, al señalar que la adenda que se suscribió en enero es lesiva para el Estado y favorece a Kuntur Wasi. 

►La acusación —aún en evaluación— agrega  que el MTC debió anular el contrato, cobrar la carta fianza y realizar una nueva licitación, porque el consorcio tenía problemas de solvencia para conseguir un préstamo e iniciar la obra.

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