La manera en que los comités de licitación que adjudicaron los proyectos más importantes a la empresa brasileña Odebrecht parece ser una constante. Tal como ocurrió en los casos de la Interoceánica y el Metro de Lima, el proyecto Gasoducto Sur Peruano, licitado en el gobierno de Ollanta Humala, fue otorgado al consorcio liderado por constructora brasileña e integrado por la peruana Graña y Montero y la española Enagás, luego de que el comité de Proinversión descalificó al consorcio Sempra-Techint de forma confusa y con una rapidez poco común.   

Resulta que a horas de la tarde del 27 de junio del 2014, el Comité de Proinversión en Proyectos de Seguridad Energética decidió otorgar plazo hasta el 30 de junio para que el consorcio Gasoducto Peruano del Sur, integrado por Sempra y Techint, pueda subsanar observaciones sobre su conformación. Horas antes, el comité había aprobado la contratación del Estudio Echecopar para que emita una opinión legal sobre la modificación del porcentaje de participación de una de las empresas de dicho consorcio, según reveló El Comercio este miércoles.

Sin embargo, ante la necesidad de adoptar “una decisión inmediata” y sin respetar el plazo que el mismo comité fijó ni el informe del Estudio Echecopar, Proinversión decidió descalificar al consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que competía con Odebrecht por el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Esta sorpresiva decisión fue tomada por recomendación de un informe legal que hizo una firma de cabecera de Proinversión, el estudio Delmar Ugarte, que tenía como socia en ese momento a Mariana Simoes, exdirectora de Odebrecht (entre el 2008 y 2011) y sobrina del exhombre fuerte de la empresa brasileña en Perú, Jorge Simoes Barata. En una conversación con El Comercio, la abogada brasileña negó haber participado en el informe que Delmar Ugarte entregó a Proinversión.

En tanto, Gustavo Navarro, exmiembro del comité que se encargó de la buena pro de la obra, explicó ante la Comisión del Congreso que investiga los megaproyectos de la era Humala, presidida por el legislador fujimorista Daniel Salaverry, que en el informe del estudio Delmar Ugarte indicaba que el consorcio Sempra-Techint se había descalificado solo, pese a que su propuesta económica era 132 millones de dólares menor a la de Odebrecht.

El hombre clave

Un mes antes de que decidiera que Odebrecht iba a sumir el proyecto, Guillermo Lecarnaqué, quien estaba a cargo de la Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión (adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas), fue reemplazado por Édgard Ramírez -designado por el entonces ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga-, quien hasta el 2012 fue consultor de la empresa Kuntur, subsidiaria de Odebrecht.   

Esta empresa ganó la primera licitación del gasoducto en el 2012, pero luego reconoció no tener el suficiente financiamiento para ejecutar el primer tramo. Tras ello, el expresidente Ollanta Humala convocó a un nueva licitación pública-privada, la cual fue otorgada -como se sabe- al consorcio Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A, integrada por Odebrecht, Graña y montero y Enagás Internacional en junio del 2014.

La concesión se acabó

El 23 de enero el presidente Pedro Pablo Kuczynski confirmó el fin de la concesión del gasoducto del sur otorgado a Odebrecht, debido a que la empresa no consiguió financiar la totalidad del proyecto, ya que la banca privada nacional e internacional le cortó las líneas de crédito por los problemas legales por corrupción que afronta en Brasil y el resto de países de la región, como el Perú, por los sobornos que pagó a funcionarios para adjudicarse obras públicas.
Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que la continuidad del proyecto está garantizado gracias en una carta de crédito financiada por compañías de seguros que permiten salvaguardarlo. El valor de esta carta de crédito es el monto de la penalidad (US$ 262 millones) y se fijó de acuerdo al avance de las obras, que es de un 37.6%, según el consorcio.

(Foto de portada: Canal N )

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